“Versión original”: redistribuir la palabra

El gobierno municipal de Madrid de la alcaldesa Manuela Carmena ha puesto en marcha una página web, “Versión Original”, en la que busca aportar su voz cuando entienda que la información dada por los medios no es acorde a lo ocurrido. El objetivo es poder presentar su propia versión, debidamente documentada, respecto de su acción de gobierno, tanto a la ciudadanía como a los propios medios.

El tono de la presentación de la página es respetuoso y cauto. Las matizaciones y rectificaciones que se hacen también lo son. La web simplemente suma una voz más, sin por supuesto acallar ninguna ni aspirar a equiparar el poder de las otras voces más fuertes. Lisa y llanamente, abre el debate, siempre apoyando documentalmente sus interpretaciones.

Pues bien, partidos (PP, PSOE y Ciudadanos), corporaciones empresariales mediáticas (Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de Editores de Diarios Españoles), medios masivos (El País, El Mundo, La Razón, ABC) políticos (Esperanza Aguirre, Antonio Miguel Carmona, Cristina Cifuentes) e intelectuales orgánicos de grupos oligopólicos (Juan Cruz) han salido unánimemente a calificar la iniciativa —como no podía ser de otro modo— de “totalitaria”, “ataque a la libertad de expresión”, “impropia de una democracia”, “adolescente”, “típica del Poder”, “cuasi-censora”, y similares etcéteras.

Lo que en verdad apenas roza esta iniciativa del Ayuntamiento es un monopolio, ni siquiera económico —que también—, sino sobre todo narrativo: el que poseen los medios oligopólicos a la hora de representar su trabajo como, precisamente, el ejercicio de la libertad de expresión que impide todo totalitarismo. El de autopresentarse como la voz del contrapoder de la sociedad civil ante el Estado. Los presupuestos neoliberales no pueden ser más evidentes: la sociedad civil es el reino de la libertad, poque es el lugar del intercambio entre particulares, y el Estado es el único lugar donde está El Poder (así, con mayúsculas), fuente de opresión que hay que limitar. El poder del mercado, por tanto, no constituye poder alguno, pues está sometido a la elección de los individuos cotidianamente en virtud de su eficiencia competitiva. El dominio político del mercado sobre el Estado ha desaparecido merced a la escisión Estado-sociedad civil.

Lo que busca preservar esta monolítica e instantánea reacción corporativa es esa desproporción entre su voz y la de cualquier otro, por tímida que sea, a fin de poder autopresentarse como guardiana excluyente de la libertad de expresión.

De ahí que la corporación mediática unificada pueda salir a pedir sin sonrojo que se suprima una voz débil en nombre de la libertad de expresión. O, en nombre del anti-totalitarismo, reclame a un gobierno democrático que abandone la pretensión de comunicarse con la ciudadanía, a la que sirve. Y, enarbolando la veracidad informativa, exija a un gobierno democrático que desista de todo apego a la transparencia informativa. Del mismo modo, en nombre de la responsabilidad informativa, conmina a un gobierno democrático a no ejercer su derecho —que en verdad es obligación— de informar. Y, finalmente, invocando que “la democracia es la libertad de equivocarse”, niegue el derecho a dar su interpretación de los hechos a un gobierno elegido por la ciudadanía.

En definitiva, la regla de oro de la libertad de expresión para esta corporación mediática unificada es que o todo gobierno democrático acuerda y calla en relación a la versión que ella da… o atenta contra la libertad de expresión, es totalitario y liquida la pluralidad de voces.

La poca credibilidad de este discurso en boca de estos actores, pero a la vez la fuerza que tiene la apelación a estas imágenes que asimilan medios oligopólicos y libertad de expresión, empresas privadas y contrapoder, Estado y totalitarismo, obligan a reflexionar acerca del lugar que la batalla cultural debe tener en todo proyecto transformador que aspire, sencillamente, a una democracia.

 

Pensar, Disputar, Construir

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