Cómo funciona la presunta financiación ilegal del PP. Miguel Ongil

Artículo publicado en cuentas-claras.org

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Según la última revelación de El País, el PP creó empresas pantallas para facturar falsos servicios a donantes y derivar gastos de campaña sin ser detectado por el Tribunal de Cuentas. Las fundaciones asociadas al partido, cuya supervisión es aún más deficiente, potencialmente podrían también haber cumplido la función de pantalla. Hablamos del caso Gürtel y sin embargo esta noticia sería el indicio que la financiación ilegal es anterior a su existencia y a la toma de responsabilidades por parte de Bárcenas. En realidad, todo parece indicar que la financiación ilegal ya existía, Gürtel tan sólo “externalizó” la intermediación y la captación de donaciones fuera de las estructuras del partido. La ventaja de este sistema es que hace más difícil probar el cohecho, es decir, la relación entre lo que pagan los empresarios y los favores que reciben. 

Gracias a la publicación de los papeles de Bárcenas y su posterior inclusión en la causa del juez Ruz (acelerada por la querella de IU y la acción del juez Gómez Bermúdez) ha sido posible cruzar los datos con la contabilidad oficial. Las evidencias señalan que la financiación ilegal, la trama Gürtel y los sobres eran parte de las finanzas del partido.

No podemos descartar que un sistema así funcione o haya funcionado en otros partidos políticos, ya que sólo se requiere la intervención de un abogado para crear una sociedad pantalla. En parte esto ha sido posible porque el Tribunal de Cuentas se ha demostrado falto de capacidad técnica y de independencia política para supervisar este tipo de prácticas en los partidos. 

Pese que en el gráfico solo se habla de Bárcenas, la función de tesorero fue antes ocupada por Lapuerta, Naseiro y Sanchís. Tres extesoreros, responsables de los últimos 24 años de contabilidaddel PP, están imputados.

El tesorero era la persona que canalizaba las entradas y los gastos en la contabilidad A o B del partido. Pese a que Bárcenas anotó hasta 7,5 millones en donaciones, solo 1,3 millones acabaron reflejados en la contabilidad oficial del PP. La diferencia, 6,2 millones de ingresos no registrados, se utilizó presuntamente para pagar comisiones, gastos ocultos del partido y repartir sobres entre sus dirigentes. Una parte indeterminada ha podido servir también para el enriquecimiento personal de los gestores.

Las donaciones ilegales eran imposibles de controlar antes de 2007, ya que al permitirse las donaciones anónimas era posible fraccionar los pagos para no superar los 60.000€, límite hasta entonces permitido. Los papeles de Bárcenas son paradójicamente los únicos documentos que nos han permitido conocer la lista de donantes de un partido político en España. Lo más grave no es que hayan podido sobrepasar el límite fijado sino que hayan violado el principio de que las donaciones deben ser no finalistas. Existen evidencias de donaciones que se podrían haber hecho a cambio de adjudicaciones, concesiones y otras decisiones políticas favorables al donante.

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Pese a que la reforma de la ley de financiación de partidos en 2007 establece que “las aportaciones privadas (…) deben ser públicas”, sólo son conocidas por el Tribunal de Cuentas. Tanto esta reforma como la más reciente de 2012 han dejado importantes lagunas sin resolver. Esta deficiente regulación y supervisión, junto con la discutible acción judicial, puede resultar en la impunidad de todos los encausados.

La corrupción no es una fatalidad, puede ser controlada con medidas adeministrativas, legislativas y judiciales. Creemos que el sistema político se ha mostrado incapaz de controlarse a sí mismo y por eso apostamos por un cambio de paradigma exigiendo la máxima transparencia y el empoderamiento de los ciudadanos para controlar, supervisar y exigir responsabilidades. También creemos necesarias otras medidas para garantizar la democracia interna y mejorar la acción judicial. Estamos en proceso de recoger ideas y sugerencias con el objetivo de presentar propuestas concretas sobre la financiación, el control y la supervisión de los partidos políticos desde la sociedad civil.

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