El Estado, por tanto, se transforma ─no se hace un simple lavado de cara, no es un engaño─, de tal manera que las gentes del común pueden esperar más del orden existente a cambio de renunciar a una buena parte de los objetivos de los sectores más avanzados, de los sectores más rupturistas. Se trata, al fin y al cabo, de un pacto social que permite pensar: “Yo, como ciudadano, tengo elementos que no me obligan a ser un héroe para intervenir en la política, de tal forma que le pueda dejar una vida mejor a los que vienen detrás de mí”. La producción de derecho en los lugares de trabajo, los convenios colectivos, la oportunidad de votar a partidos parcialmente reformistas y de avance ─seguramente tímido, pero un avance a fin de cuentas─ en la redistribución, así como la posibilidad ─y este es uno de los pegamentos centrales del bloque histórico que se fragua en el 78─ de inclusión de los sectores subalternos al orden.

Un orden que muta su naturaleza, pero que lo hace presidido por unas oligarquías que se remontan al franquismo y que se han mantenido prácticamente intactas a lo largo de la Transición. No se trata de una suma, sino más bien de una nueva articulación llevada a cabo mediante la cooptación de una buena parte de los líderes más destacados en el ámbito cultural, intelectual y político de la época. Y pese a que seguramente hay espacios que permanecen blindados ante dicha mutación, ─tales como el ámbito judicial, algunos sectores de los medios de comunicación, desde luego el poder económico y empresarial─ estamos ante el germen de un verdadero bloque histórico; un reparto de papeles estable que es capaz de durar treinta años, y no solo de durar, sino de borrar sus trazas, de aparecer como una ordenación política natural, la única posible y armoniosa.

Creo que en ese bloque histórico hay dos pegamentos centrales. Uno que considero fundamental es la posibilidad del ascenso social individual, no a través de la conquista de derechos colectivos, sino por medio, fundamentalmente, de una economía en la que el rol del capitalismo inmobiliario juega un papel central y, por tanto, brinda la capacidad de legar bienestar a la siguiente generación a través de la propiedad inmobiliaria. El quiebre de este aglutinante va más allá de lo económico, supone también un quiebre cultural con respecto a las promesas que la generación anterior asumía como válidas, de tal forma que le permitían legar bienestar ─o asumir que lo hacían─ a los que venían detrás.

Quizá se trate de una hipótesis arriesgada, pero algunos de los discursos y de las formas de protesta que más tarde se volverán masivas con el 15-M se empiezan a poner en marcha con el Movimiento por una Vivienda Digna; uno de los principales movimientos que incide en un derecho percibido por todo el mundo como consustancial a la propia idea de ser ciudadano en España. Me refiero no sólo al derecho a una vivienda, sino al derecho a ser propietario de una vivienda como forma concreta de construcción del capitalismo español. Un derecho que, por otra parte, viene recogido en la Constitución ─es verdad que no en los capítulos jurídicamente exigibles, pero está incluido en la Carta Magna─, y que, asumido por todos como inmediatamente legítimo, evidencia la incapacidad de la oligarquía de ofrecer un proyecto de país incluyente.

El otro gran ingrediente que mantiene unido este bloque histórico reside, no tanto en la despolitización ─ningún régimen se despolitiza del todo, la política siempre reemerge por algún cauce aunque no sea de forma explícita, pues el conflicto y el antagonismo siempre estarán latentes─, pero sí en una cierta indiferencia para con determinadas problemáticas sociales, así como en la construcción de diferentes enemigos externos que mantendrían cohesionado al régimen y nos reafirmarían como democracia: “Somos democracia, no tanto por las virtudes que tenemos dentro, sino por los enemigos malos que no son demócratas”. Aquí el rol del conflicto terrorismo/antiterrorismo juega un papel ideológico definitivo en la construcción de esta noción de democracia para un bloque histórico.

Creo que ese bloque histórico está sufriendo una desagregación, una suerte de erosión acelerada, en definitiva, se está desplomando. Uno de los aspectos más importantes que caracterizaría esa ruptura es ver cómo dicha desagregación afecta a las élites. En este sentido, resulta clave la denuncia de la corrupción, pese a que es un fenómeno que algunos de los sectores activistas suelen percibir con desconfianza: “¡Cómo es posible que estemos denunciando el problema de la descomposición moral y de la corrupción cuando el verdadero robo está en la plusvalía!”. En realidad, la corrupción juega un doble papel; por una parte, rompe la solidaridad entre las élites, es decir, rompe la posibilidad de que estas clases privilegiadas actúen como un cuerpo unido y con planes a largo plazo. Por otra, erosiona la idea de que la ley es igual para todos ─una noción central para la convivencia y para la posibilidad de que instituyan orden los que están arriba─ cuestionando máximas, hasta la fecha interiorizadas, del tipo:“¡Es verdad que algunos tienen más dinero que otros, pero a fin de cuentas todos somos ciudadanos!”. Incluso me atrevería a decir que la corrupción atenta contra la propia noción liberal de la ciudadanía, generando una sensación permanente de estafa.

También es muy importante entender que la corrupción, como elemento catalizador en el proceso de descomposición de las élites, impide a la casta llevar a cabo operaciones a largo plazo, pues se vuelven incapaces de recuperar la iniciativa política toda vez que no saben qué será de ellos, o de algunos de sus sectores, dentro de un mes, dentro de cinco meses o dentro de un año. Esta insuficiencia de los sectores hasta ayer dirigentes ─hoy diría, en cambio, con una capacidad de dirección mermada─ a la hora de tomar iniciativas de cara al futuro supone también su inhabilitación como revulsivo frente al descontento existente, ofreciendo un proyecto de renovación de país que, manteniendo su poder central intacto, incluya a una buena parte de los que sienten, de los que sentimos, que es un modelo marcadamente estrecho en el que hay millones de ciudadanos que no caben y que no tienen ni siquiera posibilidad para la democracia efectiva.

Recordemos esa vieja fantasía liberal conservadora que flirteaba con la posibilidad de la existencia de una democracia sin pueblo ─seguramente de ahí viene la histeria desatada en la utilización del término “populismo”─, una democracia de ciudadanos consumidores carentes de voluntad colectiva. Sirva de ejemplo algunos de quienes llamándose progresistas ─y que conste que no tengo ninguna querencia especial por el término─ asocian, desde una lógica fieramente liberal y oligárquica, cualquier ideal de lo universal, cualquier posibilidad de retorno del interés general, al totalitarismo. Cualquier cosa que no sea la fragmentación del ciudadano aislado y del consumidor que hace elecciones entre lo de siempre es ─recordemos esa famosa portada─ “ira ciudadana”, porque para el “individuo racional” cualquier noción de pueblo o de masa es inmediatamente animalesca, irracional e infantil.

Creo que esta situación de desagregación de un bloque histórico, como su influencia en el relato que naturalizaba el reparto de posiciones, tenemos que analizarla bajo la luz de la ofensiva de los de arriba. Es por ello que una buena parte de la reacción popular tiene un signo conservador, pero no en lo ideológico, sino conservador en el sentido de reivindicar unas mínimas condiciones de vida y una reglas que, sean las que sean, garanticen que los de arriba no actúen impunemente.

En el libro Diálogo sobre el poder y el acceso al poderoso, su autor, el profesor Carl Schmitt, comienza por hacerse eco de una pregunta procedente de uno de sus estudiantes: “Si vamos a hablar del poder, aclaremos la primera cuestión: ¿quién tiene el poder?”. Dicho de otro modo, ¿quién tiene la capacidad de hacer iniciativa? y, siguiendo el razonamiento, ¿qué fallos cometieron aquellos que en su día ostentaron el poder que les impidieron canalizar ─institucional y económicamente─ una buena parte de las demandas de sus subalternos y alumbrar, en lo cultural, un proyecto de país?.

Creo que es fundamentalmente la ofensiva oligárquica la que rompe el acuerdo del 78, la que acaba con sus marcos de certeza, y la que, al hacerlo, inaugura una dinámica de “política salvaje”. Una dinámica que, a grandes rasgos, se caracteriza por el colapso cultural de modelo y de proyecto económico, y en la que la división internacional del trabajo en la Unión Europea y el rol que en ella adopta España juegan un papel fundamental.

Llegado este punto, nos topamos ante tres posibles escenarios. En primer lugar, está la opción de quienes apuestan por conducir el ajuste exclusivamente acelerando, dejando que sea una suma del miedo, de la erosión material de las bases para la ciudadanía y de una suerte de régimen liberal electoral postdemocrático  ─un régimen en el que hay competición electoral, pero en el que las gentes del común carecen de las herramientas necesarias para marcar el rumbo de la sociedad─ lo que destruya los cimientos de la sociedad anterior y construya una sociedad fundamentalmente dominada por el privilegio y por el miedo de las mayorías.

Otro posible escenario consiste en llevar a cabo una reforma controlada del orden existente. Esta opción cuenta con dos problemas; el primero de ellos es que llega demasiado tarde y es difícil que la casta sea capaz de capitanear un harakiri controlado sin que esto amenace con provocar una descomposición general. El segundo problema fundamental es que no se ve, en un momento de crisis moral subjetiva e incluso de crisis de imaginación de las élites, quiénes son esas figuras emblemáticas que podrían construir la nueva época. Parecería casi un chiste si enumerásemos quiénes son algunos de los dirigentes políticos actuales ─Pedro Sánchez, Rajoy─ que estarían llamados a ser esas grandes figuras que recuperen la ilusión en los de arriba.

La tercera sería la posibilidad ─todavía difícil, pero felizmente posible por primera vez en dos o tres décadas─ de construir una voluntad popular nueva que, en un equilibrio de poderes siempre incierto y, por tanto, siempre sin garantías, dé lugar a una apertura plebeya y constituyente.