¿Qué es el TTIP?

El TTIP es el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que se está negociando entre EEUU y la Unión Europea, con el secretismo habitual con el que se negocian los acuerdos comerciales. En España, además, apenas ha habido espacio para el debate en la agenda política e institucional, copada, de momento, por los dos partidos tradicionales, PP y PSOE.

Consecuencias laborales y pérdidas de ingresos

Las consecuencias de este tratado son casi innumerables e impredecibles. Se verían afectados todos los niveles de gobierno: ayuntamientos, regiones y Estados. También habría consecuencias desastrosas para el medio ambiente, ya que deja, por ejemplo, vía libre al fracking. El TTIP abriría la puerta a una oleada de privatizaciones de servicios públicos y veríamos nuestros derechos sociales y laborales mermados. Existen numerosos estudios de impacto que nos advierten de las consecuencias negativas que provocaría el TTIP en nuestra sociedad. Es más, incluso los estudios más optimistas, encargados por la propia Comisión Europea, auguran un aumento de la renta per cápita de tan sólo 50 euros anuales.

Más realista que los estudios elaborados a petición de la Comisión es basarse en un estudio independiente realizado por Jeronim Capaldo, economista de la Universidad de Tuffs y actual miembro investigador de la OIT. Se trata del único que se basa en el modelo de Política Económica Global de las Naciones Unidas, que tiene en cuenta variables que otros obvian, como la desigualdad, el desempleo, los salarios, los ajustes macroeconómicos y las tendencias políticas. Según el estudio de Capaldo, el TTIP provocaría pérdidas en los ingresos de los trabajadores de entre 5.500 y 3.400 euros anuales por trabajador, pérdidas en las exportaciones netas, y también en el PIB. Por otra parte, debido a la relocalización de las empresas, se calcula que se perderían 600.000 empleos en toda Europa. Además, la notable reducción de los ingresos públicos de los Estados conllevaría un incremento de los déficits públicos.

Cómo afectaría el TTIP a nuestros municipios: compra pública

La compra pública, que representa un 15% del PIB europeo convierte a los gobiernos, ya sean estatales, regionales o locales, en un potente consumidor y empleador. Al imponer restricciones sobre la compra pública se imposibilitaría una actitud responsable que premie a empresas que respetan el medio ambiente o que apliquen condiciones laborales dignas para sus trabadores. Este tipo de criterios no son de obligado cumplimiento, pero incluirlos favorece el tejido industrial local, particularmente a las PYMES, y promueve al mismo tiempo otro tipo de economía, social y solidaria.

Por ejemplo, una pequeña empresa local de mobiliario no podría competir con la política de precios de una gran multinacional, que en muchos casos se podría permitir tener pérdidas temporalmente con el objetivo de “ganar mercado”.

Un tratado oscuro y antidemocrático

Todo el proceso de negociación ha estado salpicado por las continuas quejas de falta de transparencia. Diferentes plataformas de la sociedad civil y eurodiputados de diversos colores políticos han reclamado sin éxito una mayor transparencia en el proceso. Sin ir más lejos, hasta el pasado enero, sólo 7 de los 751 eurodiputados podían acceder a la sala de lectura donde se custodian los documentos limitados y restringidos de las negociaciones. Desde que en enero de 2015 la Comisaria de Comercio Internacional asumió el cargo, la Comisión se ha visto obligada a plegarse a las presiones que exigen mayor transparencia y se ha abierto la sala de lectura a todos los representantes de la Eurocámara. El acceso, sin embargo, es casi una carrera de obstáculos. Debe hacerse una solicitud escrita que es vinculante, es decir, no se puede cancelar la fecha asignada. Para acceder a la sala, los eurodiputados deben dejar en consigna todas sus pertenencias, dispositivos electrónicos, o incluso lápices. El tiempo máximo de lectura es de dos horas, y sólo se pueden tomar notas con el bolígrafo que los propios funcionarios facilitan y sobre un papel con marca de agua en el que se puede leer el nombre del eurodiputado.

Sin ir más lejos, hasta el pasado enero, sólo 7 de los 751 eurodiputados podían acceder a la sala de lectura donde se custodian los documentos limitados y restringidos de las negociaciones.

Toda una serie de trabas que tienen por objetivo evitar filtraciones. Por si no fuese suficiente, el eurodiputado debe firmar un compromiso de confidencialidad, según el cual no podrá hablar, ni siquiera con otros eurodiputados, sobre lo que ambos han leído en la sala de lectura. Todo un esperpento. Los alardes de transparencia de la propia Comisión son un intento por ocultar el escándalo que suponen estas negociaciones. Mientras tanto, las numerosas filtraciones han sido y siguen siendo la principal fuente de información para la ciudadanía e incluso para los propios diputados de cualquier nivel de gobierno.

Estado de las negociaciones

Según reconoció Pascal Lamy, Director General de la Organización Mundial de Comercio, durante una audiencia en el Parlamento Europeo el pasado enero, “fue una locura decir que el TTIP estaría redactado en dos años y es una locura afirmar que estará listo en dos años más”. El tamaño mastodóntico de este tratado y los muchos capítulos que aún quedan por redactar hacen pensar que el texto completo no esté concluido hasta finales de 2016. Por ello, la movilización ciudadana y la presión social deben continuar, pues están dando sus frutos. Ya han abierto una grieta en la bancada socialista de la Eurocámara, que ahora se encuentra dividida con motivo de la inclusión o no del ISDS. Incluso hay socialistas europeos que se han manifestado abiertamente contra el propio TTIP.

La polémica cláusula ISDS

El arbitraje de diferencias estado-inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement) se ha convertido en una piedra en el zapato del TTIP. Se trata de una cláusula que establece la forma en la que se resolverían los posibles conflictos entre inversores y Estados. En su mismo propósito se encuentra la primera contradicción: ¿cómo puede institucionalizarse un conflicto entre dos sujetos tan diferentes y con intereses tan contrapuestos como un inversor y un Estado?

El hecho es que este mecanismo constituye uno de los puntos más peligrosos del TTIP y denota la ideología que subyace del tratado: el neoliberalismo convertido en una ley superior. El ISDS estipula que cuando una ley pueda perjudicar los beneficios esperados por una empresa, ésta podrá demandar al Estado o nivel de gobierno que la haya aprobado, y pedir sumas millonarias en concepto de indemnización. La disputa la resolvería una corte de árbitros privados, elegidos por las partes de entre una lista de abogados pertenecientes a los grandes lobbies legales. Este tipo de mecanismos ya existen, están incluidos en cientos de tratados bilaterales y han dado lugar a situaciones tan esperpénticas como que Egipto se retracte de una iniciativa legislativa para aumentar el salario mínimo por la demanda de una empresa francesa que opera allí. Como esta empresa tiene trabajadores susceptibles de beneficiarse de un aumento salarial, apeló a la cláusula ISDS del tratado comercial entre Francia y Egipto, alegando que esta nueva ley iba a disminuir su margen de beneficios.

El hecho de que ya existan cláusulas ISDS en otros tratados comerciales no le quita gravedad a su inclusión en el TTIP. Dado el tamaño de las partes y la enorme concentración de grandes corporaciones en ellas, la perversión del sistema tiene mayor calado. Es un asalto a la soberanía en estado puro. Una claro ejemplo de liberalismo a ultranza en el que los beneficios se sitúan por encima de las personas. Verse inmerso en uno de estos litigios puede costar millones de euros. Independientemente de ganar o perder el caso, la defensa no baja de los ocho millones de euros, pero puede llegar hasta los treinta. Y todo esto sin contar con la posible indemnización que el gobierno de turno ha de pagar si los árbitros fallan a favor del inversor. Compensación que, cómo no, se efectuaría con dinero público.

Resumiendo, los ciudadanos pagaríamos con un dinero que es de todos a las empresas que se vean perjudicadas —o crean estarlo— por las leyes dictadas por órganos electos. Sería el gobierno de las empresas, el gobierno del dinero. Tomando la Declaración Universal de los Derechos Humanos como punto de partida, vemos que no hay ningún artículo que haga referencia expresa al comercio o la inversión. En cambio, sí se menciona el derecho a vivir bajo un orden social e internacional en el que el resto de los derechos sean plenamente efectivos. El mecanismo ISDS es una inversión absoluta de estos valores, pone por encima de cualquier derecho real el derecho al comercio, a la inversión y a los consiguientes beneficios económicos.

También es un ataque frontal al Estado de derecho, porque establece una justicia por encima de nuestros ordenamientos legales. Una justicia que no respeta el principio de igualdad, ya que los Estados en ningún caso pueden demandar a las compañías. No corre mejor suerte el principio de seguridad jurídica, pues los Estados son incapaces de conocer de antemano, antes de aprobar una ley, en qué punto puede afectar a las expectativas de beneficio de las miles de empresas extranjeras que operan en cada territorio. Y, por último, también se vulnera el principio de transparencia, porque si algo caracteriza a estas cortes de arbitraje es su oscurantismo y endogamia.

Defensa de nuestra soberanía, derechos y democracia

No podemos permitir que un tratado de esta calaña salga adelante. Es un golpe de Estado de las multinacionales, que pretenden escribir una Constitución a su medida y establecer un orden mundial dominado por los fondos de inversión, donde nunca puedan perder. Y, en el caso de que lo hagan, ya estamos los ciudadanos para indemnizarles. Defender este tratado es situarse en contra de multitud de conceptos que ha costado siglos desarrollar: la soberanía popular, la democracia, el Estado de derecho, los derechos laborales, medioambientales, del consumidor, la protección alimentaria y animal y, sobre todo, el voto. Porque si el TTIP se aprobase, ¿de qué serviría ir a votar? Tendríamos a todos nuestros niveles de gobierno atados de pies y manos, incapaces de legislar para proteger a sus ciudadanos ante el temor de ser demandados y arruinados. El TTIP no es un tratado comercial, es una Constitución en toda regla, y por ello exigimos que, si las negociaciones no cesan, se lleve a cabo un referéndum vinculante de toda la población europea, para que podamos decidir si queremos ser gobernados por nuestros representantes o por la avaricia infinita de los fondos de inversión.