Contra una Memoria Histórica: la ilusión del Estado neutral

Los argumentos contra la Memoria Histórica no han variado desde el “debate” que se iniciara alrededor de la ley. Son los siguientes:

  • No hay memoria colectiva, sino sólo individual
  • No se puede imponer una memoria desde el Estado
  • El pasado es un asunto que hay que dejar a los historiadores

Estos tópicos reaparecieron en dos artículos publicados en El País en los últimos días.

Ambos despiertan algunas cuestiones y hacen necesarias algunas puntualizaciones.

Mirando el calendario laboral oficial, se encuentra uno con algunas cosas que tampoco varían:

1) todos los años hay festivos, en su mayoría nacionales;

2) todos los años se repiten los mismos festivos;

3) todos los festivos se refieren a algo del pasado histórico, incluso cuando algunos  ofrecen serias dificultades a la hora de ser catalogados como hechos históricos empíricamente comprobables. En todos los casos, no se conmemora algo bueno que vaya a ocurrir en el futuro, lo cual sería sin duda más sugerente e imaginativo. No:  somos más bien de festejar cosas que consideramos ciertas;

4) todos los festivos son estatales: el 12 de octubre, el 15 de agosto o el 6 de diciembre, por ejemplo.

Por otra parte, revisando el callejero, se comprueba sin esfuerzo que el país está lleno de calles, plazas, monumentos y edificios. Pues bien, todos sin excepción llevan nombres. Se dirá que es por un asunto práctico, para ayudar a los carteros, repartidores, e incluso a los propios vecinos desmemoriados. Desde luego. Pero si por practicidad fuera, casi que resultaría más sencillo que la calle se llamara —por ejemplo— “2”, en lugar de Avda. del Generalísimo, que además parece mucha letra comparado con la obra escrita del homenajeado.

El Estado oficializa una enseñanza de la historia en la escuela a través de planes, currículas y libros. También otorga un Premio Nacional de Historia, y cuenta desde el siglo XVIII con la Real Academia de Historia. Es el mismo Estado que es propietario del Valle de los Caídos, al que considera Patrimonio Histórico Nacional, y como tal financia con el dinero de los contribuyentes.

Entonces, o proponemos la desvinculación del Estado de todo tipo de narración que —bajo la forma de homenajes, condecoraciones, financiación y legitimación— genere una Memoria—, o asumimos la imposibilidad —e incluso la indeseabilidad— de toda neutralidad, y descubrimos que el Estado ¡es político!, no fruto de la naturaleza ni de un contrato. La Memoria no es idéntica a la historia académica, en efecto, y está bien que así sea: es más bien el relato que toda comunidad —como imaginada que es— hace de sí misma para producir y revitalizar el sentido de pertenencia de sus miembros. Y puesto que toda comunidad política tiene un relato de sí misma —mitad mito, mitad historia—, mejor que sea democrática.

Si va a ser que el problema no es que exista una Memoria, sino que se explicite y que se discuta democráticamente su contenido.

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