¿CÓMO SE SOSTENÍA LA “CAJA B” DEL PARTIDO POPULAR?

Las investigaciones son claras, al menos entre los años 1990 y 2008 el partido en el gobierno utilizó una contabilidad ajena al circuito económico legal. La “caja B” se nutria de cuantiosas donaciones de personas directamente relacionadas con empresas que recibieron importantes concesiones de obras publicas.

La metodología utilizada por Álvaro Lapuerta y por Luis Bárcenas -ambos extesoreros de la formación- para gestionar un sistema de contabilidad paralela, esquivando la normativa legal y eludiendo la actividad del Tribunal de Cuentas; es cruelmente sencilla.

Los extesoreros eran los encargados de recibir cuantiosas donaciones de grandes empresarios; el importe se fraccionaba para que no superase el umbral máximo de 60.000 euros que establecía la “Ley sobre financiación de Partidos Políticos” y pasaba a ser ingresado en distintas cuentas bancarias.

El destino de los fondos de esta contabilidad opaca es sorprendente. Por un lado, encontramos movimientos a favor de personas cercanas a la formación política, desde complementos y compensaciones salariales, hasta los presuntos sobresueldos que recibió la cúpula de la formación como sería el caso de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Álvarez Cascos, Ángel Acebes o Rodrigo Rato.

Este dinero fue también utilizado, para el pago de los sobrecostes de diversas campañas electorales, para la compra y reforma de la sede regional de Vizcaya, para la adquisición de la sede popular en La Rioja o para la remodelación de la sede central de los populares en Génova 13.

Más desconcertante y sobrecogedor es quién financiaba esta “Caja B”, los sustentadores de esta trama de corrupción. Todos ellos grandes personalidades económicas y financieras, estrechamente relacionadas con el poder.

Como señala el Juez Ruz “Consta indiciariamente acreditada la existencia de una caja B en el Partido Popular […] nutrida con carácter general de donativos o aportaciones […] siendo efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”. En dicho auto, constan los siguientes donantes:

José Luis Sánchez Domínguez -presidente y fundador de una de las constructoras más importantes de nuestro país SANDO- es el principal donante de la “Caja B” de los populares, con una aportación total de 1’25 millones de euros entre los años 2002 y 2008.

Jose Luis Sanchez SANDO

El grupo SANDO desarrolla su actividad apoyándose en la obra pública, obteniendo, 51 contratos públicos por valor de 264.824.755 euros, según informa la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).

José Luis Sánchez Domínguez fue imputado en el caso “Mercasevilla” -que fue el origen del caso de los ERES-, también fue el principal sospechoso del agujero de 5’3 millones de euros en las obras portuarias de Málaga.

El fundador de SANDO estuvo siempre bien relacionado con el poder, íntimo amigo de quien fuese la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez (PSOE), del expresidente andaluz Manuel Chaves (PSOE) y Javier Arenas (PP).

-Manuel Contreras Caro, el presidente de la constructora andaluza AZVI aportó un total de 858.000 euros a la contabilidad opaca de la formación. Esta empresa obtuvo 21 contratos públicos por parte de administraciones de gobiernos populares, valorados en 343 millones de euros.

Manuel Contreras Caro AZVI

Las conexiones entre AZVI y el Partido Popular son esclarecedoras, Miguel Contreras Manrique -sobrino del presidente de la constructora- fue gerente y tesorero del Partido Popular en Andalucía y miembro del consejo de administración de “Caja Sur” y “Canal Sur”; Marcos Contreras Manrique formó parte del consejo de administración de “Caja Sol”.

-Juan Manuel Villar, presidente de Obrascon Huarte Lain, S.A (OHL) apoyo a la formación política con 530.000 euros según se desprende de los “Papeles de Bárcenas”. Su empresa recibió 215 adjudicaciones por parte de los populares en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2009, por un valor de 4.652 millones euros, según indica el informe realizado por la UDEF

Juan Manuel Villar OHL

Mejor conocido como “Marques Villa Mir” -título que le otorgo el rey Juan Carlos I- tiene una larga trayectoria política, fue Subdirector General de Puertos y Señales Marítimas (1961), Director General de Empleo (1964), y ya bajo el mandato de Arias Navarro asumió la vicepresidencia para asuntos económicos y el ministerio de Hacienda.

-Luis Fernández Rivero Asensio, expresidente de SACYR y directivo del Real Madrid recibió un total de 117 adjudicaciones valoradas 1.064 millones de euros por parte de administraciones de gobiernos populares. De los 480.000 euros que SACYR aportó a las arcas del PP, según publicó el diario “El País” , 200.000 euros se destinaron al pago de la campaña electoral de María Dolores de Cospedal, a cambio de la adjudicación del servicio de limpieza de Toledo.

Luis Fernández Rivero Asensio SACYR

José Manuel Fernández Rubio, director del grupo ALPESA, pagó al extesorero en los años 2004, 2006 y 2008, 348.111 euros y recibió por parte de estos concesiones de obras públicas por un importe total de 282 millones de euros, según indica el informe policial de la UDEF.

Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de Construcción Hispánica reconoció, en el marco de la “Trama Gürtel” el pago de sobornos a esta red a cambio de adjudicaciones públicas en ayuntamientos bajo control del Partido Popular. Según figura en los “Papeles de Bárcenas” entregó al partido popular, un total de 258.161 euros y se benefició con 525 millones euros en contratos públicos.

Ramón Aige Sánchez, presidente y consejero delegado de SORIGUE, que junto con COPISA forman el segundo grupo de constructoras más importantes de Cataluña; en total aportaron 254,000 euros a la contabilidad paralela de Génova. Por su parte, el grupo inmobiliario facturó casi 77 millones de euros por 22 adjudicaciones entre 2002 y 2011. COPISA ya había sido investigada anteriormente por presuntas irregularidades en la gestión del “Palau de la Música” Catalana.

Vicente Cotino, el impulsor del grupo empresarial SEDESA figura en la contabilidad opaca como donante de 200.000 euros en Marzo de 2004, mismo año en el que los populares le adjudicaron una de sus mayores obras, por un importe de 44 millones de euros, según destaca el informe de la UDEF.

-José María Mayor Oreja, el presidente de FCC CONSTRUCCION y hermano del exministro del interior Jaime Mayor Oreja, aportó 165.000 euros a la financiación irregular de los populares. Entre 2002 y 2012 le fueron concedidas 587 adjudicaciones de obras públicas.

Rafael Palencia Marroquin, presidente de la empresa de tratamiento de residuos DEGREMONT, donó 164.167 euros al Partido Popular.

-Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP Gallego y número 2 de la “Trama Gürtel”, también aparece reflejado en la contabilidad B del partido con una aportación de 156.264 euros. Crespo admitió el pago de 126.000 euros, como devolución del préstamo que la PP nacional había concedido a la formación gallega, para la financiación de una campaña electoral.

-Camilo José Alcalá Sánchez, presidente y consejero delegado de la constructora CYOPSA-SISOCIA, se le atribuye una donación de 150.000 euros en el año 2003, mismo año en que el Ministerio de Fomento le adjudicó dos importantes obras en Aragón por un importe total de 72’9 millones de euros.

-Antonio Vilela Jerez, de la empresa RUBAU que recibió el mayor número de contrataciones públicas en el año 2004, misma que fecha que aporta 100.000 euros a los populares.

-Ignacio Ugarteche González, consejero de URAZCA CONSTRUCCIONES y expresidente del Athletic Bilbao; aporto 90.000 euros en el año 2007. Según la UDEF entre los años 2003 y 2007 recibió de las administraciones populares contratos públicos por valor de 40 millones de euros.

-José Luis Suárez Gutiérrez, presidente de la empresa COPASA, se le atribuye una única entrega de 75.000 euros en el año 2004. Un año después COPASA, fue adjudicataria de varios contratos, entre ellos el del centro de Arte por valor de 30 millones de euros junto a Acciona. En el año 2009 se le adjudicó la construcción y explotación por treinta años de la autovía Ourense-Celanova por valor de 95 millones de euros, bajo la presidencia de Núñez Feijóo.

-Joaquín Molpeceres Sánchez, fue adjudicatario en 2013 de contratos públicos por valor de 77 millones de euros, en su mayoría por parte de administraciones gobernadas por los populares, -Ayuntamiento de Madrid y Cádiz, la Generalitat Valenciana, y el Ministerio de Sanidad-. Mantiene una estrecha relación con Esperanza Aguirre, quien le adjudicó el complejo de ocio “El Encín”. Se encuentra implicado en la “Trama Gürtel”, ya que, dos de sus empresas habrían abonado 225.000 euros a dos empresas controladas por Francisco Correa.

-José Antonio Romero Polo, administrador único del grupo ROMEO POLO, figura en los registros del extesorero popular con una aportación de 54.000 euros. Bárcenas, en su declaración del 15/Julio/2014 aseguró que esta cifra se destinó al pago de la campaña electoral de José Ignacio Llorens por la provincia de Lérida en la legislatura 2004-2008.

-Antonio Pinal, y Emilio Álvarez, presidente y vicepresidente respectivamente de la constructora BRUESA, habrían aportado 24.000 euros cada uno. Esta constructora estuvo implicada en el “Caso Roldán” (1993). Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, fue condenado por adjudicaciones arbitrarias sin concurso de obras públicas, entre las empresas beneficiaras estuvo la constructora BRUESA.

La corrupción, no es por tanto una anécdota en la historia reciente de nuestro país, como se nos pretende hacer creer. ¿Podemos atribuir la responsabilidad del “Caso Filesa” (PSOE), del “Caso Bankia”, de los “Eres” (PSOE), de la Trama “Púnica” (PP), de la trama “Gürtel” (PP), del “Caso Nóos” (Casa Real española), el “Caso Puyol” (Ciu), o de la contabilidad B del PP al carácter irresponsable y ambicioso de diversas personas? En absoluto.

La corrupción es hoy; algo permanente y estructural en la definición y funcionamiento del poder. Pero, no es sólo el sector público el que se encuentra inmerso en este bucle de corrupción; es el poder económico quien mantiene y financia estas prácticas, moralmente reprochables y judicialmente condenables.

Todo este entramado de corrupción, no es ajeno al sistema: si no que está amparado por éste normativa y judicialmente. Los partidos del régimen del 78 se han encargado de diseñar la legislación de tal forma que ésta, constituye una coraza en la que se amparan a sí mismos.

La inexistencia de voluntad política, la politización del poder judicial, la insuficiencia e inadecuación de controles, la falta de medios e instrumentos así como la utilización de lo “público” con fines privados; y la estrecha colaboración entre el poder político y económico; propician este ambiente tendente al cohecho.

Podemos establecer por tanto, una clara relación entre el dinero que distintas personas aportaban a la contabilidad opaca del partido; y las importantes adjudicaciones públicas que recibían sus empresas. Estas donaciones tienen como fin la obtención de favores políticos, la compra de voluntades; algo que lleva desarrollándose desde hace décadas en nuestro país. Todo ello nos aporta una imagen muy clara del déficit de la democracia española.

Paloma Bravo

  1. […] ¿Cómo se sostenía la "caja b" del partido popular? […]

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  2. […] destacar, por la vergüenza que suponen, o deberían suponer: el Caso Bárcenas y su amplia Caja B (donde las malas lenguas dicen que incluyeron al propio Presidente del Gobierno, Mr. Rajoy); la […]

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