Ayotzinapa, crimen de Estado

En México, las escuelas “Normales Rurales”, cumplen importantes labores sociales; proporcionan cobijo y educación a los hijos de campesinos sin recursos. Sus alumnos siempre se han caracterizado por sus ideas de izquierdas, hecho por el cual han sido continuamente hostigados por los gobiernos. Hace más de un año fuerzas policiales y militares abrieron fuego contra los estudiantes de la escuela “Raúl Isidro Burgos”, seis personas fueron asesinadas, mientras aún se busca con vida a cuarenta y tres estudiantes.

Normal-Isidro-Burgos

Las “Normales Rurales”, pequeñas escuelas situadas en zonas olvidadas por el Estado, en las regiones rurales y más pobres del país, son comunes en México. Estas escuelas han cumplido una importante labor social desde su creación hacia 1920, ya que son la única opción que tienen miles de jóvenes de acceder a la educación y convertirse en maestros. A pesar de ello, el presupuesto que reciben es insuficiente. Esta falta de apoyo por parte de las autoridades estatales, responde a la estrategia gubernamental de eliminar estas escuelas, pues siempre se han caracterizado por su carácter combativo y sus ideas de izquierdas, algo que incomoda al poder.

Por otro lado, estas escuelas son un semillero de grandes guerrilleros y líderes. Entre otros podemos citar a Lucio Cabañas –exguerrillero y fundador del Partido de los Pobres-, Genero Vázquez – líder de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y candidato del Partido Comunista de México al gobierno de Guerrero- y Misael Núñez –fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación-.

La falta de recursos será lo que llevará a los alumnos de la Normal “Raúl Isidro Burgos” –situado en Ayotzinapa, estado de Guerrero- a marchar en autobús, el 26 de Septiembre del 2014, para pedir colaboración económica, a fin de continuar con sus actividades docentes. Así mismo, requerían fondos para poder asistir a una marcha en el Distrito Federal. En efecto, el 2 de octubre se conmemora la “Matanza de Tlatelolco”, ocurrida en 1968 en la que -una vez más- la policía y el ejército abrieron fuego contra los estudiantes congregados en la Plaza de las Tres Culturas. 47 años después, aún no se sabe la cifra exacta de asesinados –se calculan que entre 200 y 1.500 personas fueron acribilladas a tiros y torturadas en las cárceles-, en lo que constituye la mayor represión estudiantil de la historia del país. Nunca se han depurado responsabilidades.

Por tanto, la represión y el asesinato no constituyen un episodio aislado en la historia mexicana, es una práctica recurrente del gobierno estatal ante la exigencia de derechos por parte de la población.

El día en que los normalistas desparecieron, el Presidente municipal de Iguala –José Luis Abarca Velázquez– ordenó a la policía que detuviera los autobuses en los que aquellos viajaban. No debemos olvidar que a Abarca Velázquez, se le acusa de vinculación con el grupo criminal Guerreros Unidos, y que varios hermanos de su mujer –María de los Ángeles Pineda– fueron miembros del Cártel de los Beltrán Leyva. Es preciso señalar que Iguala, por su lugar geoestratégico es una ciudad clave en el tráfico de drogas, ya que, distintos cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan marihuana en la zona.

La noche del 26 de septiembre del año pasado, la policía municipal y miembros de Guerreros Unidos abrieron fuego contra los estudiantes y personas que transitaban por el lugar. Tres estudiantes, un futbolista, un conductor de autobús y una pasajera de un taxi fueron asesinados, veinticinco personas resultaron heridas de diversa consideración, cuarenta y tres estudiantes siguen desaparecidos.

La versión oficial del estado mexicano fue desmontándose gracias a la incesante labor de la sociedad con  la colaboración de distintos informes independientes. El gobierno mexicano fue construyendo un relato, que denominó “verdad histórica”. Según éste, los estudiantes tenían como objetivo boicotear un acto de la esposa del presidente municipal –María de los Ángeles Pineda-, tanto los asesinatos como la desaparición física de los estudiantes fueron responsabilidad exclusiva de los narcotraficantes, mientras que la participación policial se deberá a “manzanas podridas”.  El gobierno dará por cerrado el caso, ya que según su versión, los estudiantes fueron quemados en un basurero y los posibles restos habrían sido arrojados a un río.

Pero hasta la mentira y la injusticia del gobierno mexicano tienen límites. Todos los informes independientes que se han realizado ponen en tela de juicio la actuación de todos los niveles de gobierno mexicanos;

El equipo Argentino de Antropología Forense denunció diversas irregularidades cometidas por la Procuraduría General de la República –órgano encargado de la investigación-. Los forenses descubrieron peritos falsos y armados en la escena del crimen, donde también se encontrarían policías infiltrados que pudieron contaminar el lugar. Por otro lado cuestionan el procedimiento realizado en el basurero, donde no permitieron la presencia de peritos independientes, lo que les lleva a poner en duda la “integridad de las muestras recolectadas”. En palabras del propio equipo; “Simplificaron enormemente la evidencia y sólo vieron una posibilidad que tiende a coincidir con la historia que presentaron. Usan la ciencia para justificar los testimonios (aportados por los sicarios) en vez de usarlos para contrastar”1

La organización de la Naciones Unidas (ONU) en México recordará que un mínimo de 26.000 personas se encuentran desaparecidas en México, por lo que reclama al gobierno un replanteamiento general de la investigación de los “normalistas”, al considerar este hecho como “uno de los más terribles de los tiempos recientes” 2

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advierte también de graves irregularidades en la investigación. El defensor del pueblo nacional declararía que el caso de los estudiantes “ha probado el grado de barbarie…el abandono de la ley y el olvido de la justicia en México”. La organización establecería que “en el caso [de Ayotzinapa] se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, atentados contra la dignidad de las personas y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública” 3

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboro el “Informe Ayotzinapa”. Esta investigación enfatiza la negligencia de las autoridades en cuestiones básicas como puede ser el tratamiento de las escenas. Establece también que tanto policías estatales como federales y miembros del ejército estaban al tanto de los sucesos aquella noche. Por otro lado, el informe cuestiona la versión gubernamental. 4

Estas son algunas de las múltiples investigaciones que se han ido realizando. Todas ellas llegan a una misma conclusión, la responsabilidad de los órganos de gobierno y la falsedad de la repetida “verdad histórica”.

Una vez más nos han matado. Una vez más, descubrimos el crimen organizado, las desapariciones, los asesinatos, la corrupción, el narcotráfico, la injusticia y la mentira en la esencia del gobierno mexicano. Una vez más, el dolor, la rabia, y la impunidad ensombrece las conciencias. Porque sólo exigimos democracia, libertad y justicia.


1 http://www.proceso.com.mx/?p=395310

2 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33383#.Vi30ELcve70

3 http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKCN0PX2OK20150723

4 http://www.elfinanciero.com.mx/pages/informe-ayotzinapa-elaborado-por-el-giei.html

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