El giro a la derecha en Argentina: ¿rechazo de las formas o del contenido kirchnerista?

Publicado en Público.es el 26 de noviembre de 2015

Javier Franzé. Profesor de Teoría Política, Universidad Complutense de Madrid.

Una paradoja caracterizó la campaña electoral de la segunda vuelta electoral que acabó con el triunfo del liberal-conservador Frente Cambiemos sobre el centroizquierdista Frente para la Victoria (FpV) en la Argentina. Por una parte, ambas fuerzas representaron la aguda polarización entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo; por otra, cada frente intentó hacer suya también la demanda central de su oponente: el FpV habló de diálogo y de comprensión hacia la oposición, mientras que Cambiemos aseguró que no se iban a perder los derechos conseguidos en la década kirchnerista.

Este intento de recuperar las virtudes del oponente es un síntoma de un problema histórico de la práctica democrática argentina: la tensión entre contenido programático y modo de ejercicio del poder político, que se inauguró con el radicalismo de Yrigoyen (1916-1930) y cobró gran intensidad desde el advenimiento del peronismo en 1945.

Para las fuerzas de izquierda y centroizquierda, el problema del peronismo clásico no radicaba tanto en su programa de derechos sociales e inclusión de la clase trabajadora, sino en el modo de ejercer el gobierno, del que criticaban su tendencia a apropiarse de las instituciones y a anatematizar cualquier crítica de “antipatria”.

Esto ha jugado un papel durante toda la década K y por lo tanto ha estado presente en esta segunda vuelta. No se puede saber en qué medida ha pesado en el resultado porque no tenemos encuestas cualitativas de voto. Pero aun así cabe tomarlo en consideración.

El discurso opositor al gobierno K ha reprobado la utilización “abusiva” de la cadena nacional por la presidenta, su personalismo, y la descalificación del discurso crítico identificándolo siempre con la última dictadura militar y/o el neoliberalismo de los ’90.

Ante esto, el kirchnerismo —como el peronismo histórico en su momento— argumenta que la presunta defensa que la oposición hace de la República —división de poderes, gobierno limitado, respeto de las minorías y de la libertad de expresión— no es más que una excusa para deslegitimar a un gobierno que defiende los intereses populares. Así lo probaría, para este discurso, la nula dificultad que esa oposición tuvo históricamente con la proscripción del peronismo (1955-1973), con los golpes militares contra gobiernos peronistas (1955 y 1976) e incluso con el neoliberalismo menemista de los ’90, que avanzó sobre las instituciones (reforma constitucional incluida para asegurarse la reelección) para realizar las “reformas estructurales”.

No casualmente, el partido de Macri se denomina Propuesta Republicana. Dirigentes de Cambiemos celebraron el domingo la victoria afirmando que “nos merecíamos otra democracia”, o tuiteando “Ganó Macri. Viva la República”.

De algún modo, lo que está en juego aquí son dos tradiciones, dos modos de entender la democracia y la política. Una de corte más liberal, que identifica la República con el gobierno limitado y la separación de poderes, y la democracia con los partidos y el sistema representativo, y otra de corte más populista (en el sentido de Laclau), que entiende la República como primacía del bien común sobre los intereses individuales privados y la democracia como realización de la voluntad popular, para lo cual son requisitos la movilización y la lucha, el desborde de la institucionalidad.

Si bien ni la oposición ha sido tan republicana como dice, ni el peronismo ha puesto en duda las instituciones, la distinción entre esas dos perspectivas puede servir para pensar un problema específico de sociedades como las latinoamericanas, donde el poder social y político se halla muy desigualmente repartido, y la pura fuerza ha sido el modo recurrente de anular conquistas sociales. Esto lleva a que las reglas del juego sean a menudo vistas por amplios sectores de la población como parciales, tanto en su letra como en su funcionamiento. Y que, por lo tanto, para cambiar las relaciones de poder y de fuerza en favor de los desiguales, gobiernos de carácter nacional-popular hayan creído necesario denunciar esa parcialidad de las reglas e instituciones e incluso a veces forzarlas para que se pueda realizar la voluntad popular, así como auspiciar la movilización social como garantía extra-institucional de los avances igualitarios. Esta posición favorable al antagonismo entre el pueblo y el poder ha solido generar a su vez resquemores de amplios sectores, en general de clases medias.

¿Por qué esa posición favorable al conflicto es asociada a una actitud no democrática, incluso por sectores que ciertamente no se ven favorecidos con el dominio de los grupos privilegiados? Se me ocurren dos elementos a tener en cuenta. Uno, que los gobiernos transformadores no siempre eligen bien sus batallas y, como los malos centrocampistas de fútbol, corren todos los balones al no saber identificar los decisivos, confundiendo despliegue con ubicación. Y, en segundo lugar, lo principal: el dominio “liberal” del sentido común, que determina que a los ojos de buena parte de la ciudadanía, un medio de comunicación pueda tener un discurso sectario e infundado, porque en definitiva es un actor “privado”, no político al no ser elegido en elecciones, mientras que a esos mismos ojos todo gobierno no pueda ser sino general, representar a todos por igual y consensuar sus políticas con la oposición. Este sentido común identifica el poder con el poder político y hegemonía con éxito electoral. Creyendo que la vida política se desarrolla exclusivamente a través de los mecanismos institucionales, tiende a asimilar toda movilización y lucha a un puro apetito de poder.

El gobierno kirchnerista (2003-2015) pareció en muchos casos no saber elegir sus batallas, por ejemplo en los casos del INDEC (el instituto oficial de estadísticas, que cambió el método de medir la inflación, rebajándola sustancialmente), el juez Fayt (intento de desplazar a un juez de la Corte Suprema aduciendo su avanzada edad) y del Consejo de la Magistratura (proponiendo una ley que desequilibraba su composición interna a favor del gobierno), por ejemplo. En política se puede y se debe entrar en el mal —como enseñó Maquiavelo— para evitar un mal mayor. Pero hay que explicarlo a la ciudadanía, lamentar el verse obligado a hacerlo y mostrar el daño que se evita. En ninguno de los casos nombrados el gobierno kirchnerista explicó por qué valía la pena dar esas “batallas”, por lo que éstas acabaron pareciendo puros tics prepotentes, dando pábulo a la crítica de falta de republicanismo.

El rechazo de esos modos de ejercicio del poder ha llevado a algunos analistas a afirmar que el voto por Macri ha privilegiado “lo político” sobre “lo económico”. Si así fuera, y concediendo que ese electorado no cuestiona los derechos adquiridos, cabe decir que al apoyar a un candidato de derecha, rodeado de economistas neoliberales y con tintes antipolíticos, ese votante ha corrido el imprudente riesgo —sobre todo en Latinoamérica— de tirar el niño con el agua sucia. Lo que al gobierno K cabe hacerle ver es que le ha dado argumentos con casos que —como los citados antes— parecían injustificados. Máxime cuando ha sido un gobierno que ha sabido, por preservar la institucionalidad, perder batallas centrales —como la del conflicto del campo por el monto de las retenciones— que, lejos de perjudicarle, a la larga ayudaron a profundizar su perfil e identidad políticos, precisamente porque le sirvieron para su mayor logro: la creación de actores sociales movilizados en pos de la igualdad.

Esta tensión entre formas y contenido es quizá un elemento a tener en consideración, sobre todo por aquellas fuerzas políticas emergentes con pretensión regeneracionista en un contexto que, como el europeo, es mucho más sensible a la pulcritud institucionalista y, a la vez, se encuentra sometido a presiones que por fuera de la soberanía popular dictan a menudo su rumbo político.

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