Y entonces… pusieron precio a la plaza del barrio

Carla Cremonte. Politóloga.

Hace muchos años que comenzó el proceso de construcción de Madrid, que ha terminado por definirla como una ciudad fragmentada y neoliberal. El proyecto de la clase política del PP ha convertido el territorio urbano en una postal para el turismo, donde las actividades son destinadas al ocio mercantilizado, el consumo y la rentabilidad.

Queremos ilustrar aquí uno de los ejemplos de la supeditación de la planificación urbana a la rentabilidad privada, el caso particular del que hablamos es el fenómeno de las terrazas y como las mismas han invadido el espacio público de la ciudad, privando a las plazas de su cotidianidad y su vida en comunidad.

La definición jurídica público-privado que marca la diferencia entre espacio público o privado apela sólo a la propiedad del mismo, sin considerar cuestiones sociales y ciudadanas claves para la construcción de la ciudad. Esta definición jurídica ha quedado obsoleta en cuanto que el espacio público ha demostrado ser, en la práctica, propiedad de quién gestiona las arcas públicas y no de quién hace uso y disfrute del mismo, la ciudadanía, que no tiene medios participativos para decidir o definir la planificación urbana.

El espacio público es fruto de la construcción social

El espacio público es fruto de la construcción social, es decir lo que define este concepto es la vida, la interacción, las relaciones y las actividades que en este se desarrollan, es integrador y relacional, lugar de las experiencias compartidas. La definición de su funcionalidad tiene que tener en cuenta los usos y los usuarios que disfrutan del mismo, ya que si no creamos espacios inútiles y sin vida social. Su accesibilidad es algo que tenemos que saber defender como universal, eliminando las barreras socio-económicas y físicas para que pueda servir como un indicador de la calidad y la democracia urbana.

Esta es la teoría que debería definir un proyecto político y social, pero la realidad ha sido bien distinta. La apuesta política del PP ha sido progresiva y coherente con su ideología, junto con la liberalización del territorio de la Comunidad de Madrid como “el todo edificable” encontraron la manera de rentabilizar aquellos espacios que no habían sido invadidos por los intereses privados. Esta transformación del espacio público de la ciudad ha tenido dos momentos claves.

Por un lado la “Ley Antitabaco” de 2011, el resultado fue la inversión y reinvención de los locales destinados a la hostelería que provocó una escalada de licencias de terrazas en nuestra ciudad. Es más el incremento de terrazas, que ya se venía produciendo desde hace algún tiempo, entre 2009 y 2012 fue , según datos oficiales del Ayuntamiento de Madrid, una escalada del 150%, pasamos de 1495 a 3740 licencias.

Posteriormente llegó la ordenanza municipal del 30 de Julio de 2013, que se pondría en marcha al año siguiente, con el objetivo de facilitar, liberar y promocionar el uso del espacio público por establecimientos hosteleros, tiendas, gimnasios o cualquier comercio que tuviera una actividad de hostelería incluida. Esto ha provocado una escalada impresionante, colocándonos a día de hoy, en casi el doble de licencias que existían en 2012.

Esta ordenanza municipal quedaba justificada como ayuda a los comercios tras las restricciones de tabaco que habían sucedido en años pasados, para superar la situación de crisis económica y laboral y por el ingreso presupuestario del Ayuntamiento de Madrid a través de los pagos específicos de la colocación de las terrazas.

Las plazas y el espacio público se ha puesto en venta, responden a las necesidades del mercado, al igual que nuestros derechos, nuestros puestos de trabajo y en definitiva nuestras vidas.  Con este tipo de medidas han conseguido transformar el espacio público en un bien de consumo y a nosotros, la ciudadanía, como meros clientes.

No es casualidad, el espacio público es, entre otras cosas, el lugar primordial dónde se construye la comunidad, y la comunidad es peligrosa para el “status quo” de la ciudad puesto que comparten intereses, experiencias, y objetivos. La calle, las plazas, son los espacios de expresión de gran parte de las movilizaciones sociales que discuten el discurso hegemónico de la política. El hecho de desposeer a la ciudadanía de estos espacios y transformar su participación en la ciudad entorno al consumo, tiene una clara voluntad, desmovilizar, ordenar y jerarquizar el espacio público.

Las barreras económicas, sociales, físicas y la presencia policial para asegurar el “normal” ejercicio del ciudadano como cliente impiden la convivencia intergeneracional, intercultural y participativa intentando privarnos de nuestra autonomía.

Desde una visión positiva y combativa de esta situación de expropiación del espacio urbano por parte del mercado, la ciudadanía tenemos un reto por delante, recuperar la ciudad para quienes la vivimos. Ha habido, y hay, experiencias colectivas que discuten el modelo de construcción de Madrid y que son claves para la transformación de la ciudad en un espacio participativo, ciudadano y democrático.

Tenemos ejemplos claves. Desde las movilizaciones sociales que cada vez que toman las calles y las plazas anteponen el protagonismo de las y los ciudadanos como agente activos, combativo y participativo hasta la recuperación de espacios urbanos como El Campo de la Cebada, el Patio Maravillas o el movimiento contra la especulación urbanística de los barrios céntricos de Madrid.

Empoderadas y empoderados debemos tener claro que la ciudad, el barrio o el pueblo es de quienes lo vivimos. Anteponiendo la ciudadanía como participación conseguiremos, poco a poco, reconstruir el sentimiento de pertenencia a una comunidad y al propio espacio público que, de hecho, nos pertenece.

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