Críticos de Ciudadanos denuncian al partido ante Anticorrupción por posible financiación ilegal

El Mundo-Ciudadanos ha visto como las finanzas están ensombreciendo su imagen. Dos cargos del partido –un diputado en las Cortes de Aragón y el coordinador en La Rioja– han dimitido por sus negocios en Panamá. La dirección del partido, a través de la Secretaría de Organización, cesó de manera fulminante al delegado territorial en Murcia por pagos irregulares de facturas en la campaña autonómica. En La Rioja han admitido un “error administrativo” al contratar con dinero del grupo local a la delegada territorial y denunciaron ante la Fiscalía a su tesorerapor llevarse dinero del partido. Hay una nueva piedra en el camino. La Plataforma por las Garantías Ciudadanas, una asociación que aglutina a afiliados y ex militantes críticos del partido, ha puesto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción “por si pudieran existir indicios de la existencia de una financiación ilegal u otro tipo de delito contra la Administración Pública“. La denuncia tiene fecha de entrada del 2 de marzo.

Esta acción legal se produce, según esta plataforma, porque consideran que la carta ética y financiera que Ciudadanos obliga a firmar a todos sus candidatos -como adelantó este diario- pudiera suponer una “posible ilegalidad sobre la forma de financiación del partido”. Su argumentación se basa en que “se está llevando a cabo esa posible financiación a través de las asignaciones públicas a los grupos políticos de los ayuntamientos, Diputaciones y Parlamentos Autonómicos“. Los juristas de esta asociación consideran que podría llegar a suponer una “contradicción con la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de los partidos políticos”.

Ciudadanos fiscaliza todos los ingresos de sus cargos públicos para que financien el partido. Pero el foco de la polémica es esta cláusula contenida en su carta ética y financiera [Consulte aquí el documento], como ya informó este diario: “Dedicar los ingresos que se pudieran obtener para los grupos parlamentarios o municipales, al pago de los créditos que el partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electores”. La Plataforma considera que el fin de las aportaciones públicas para los grupos políticos municipales son para “atender sus gastos de funcionamiento”.

Esta asociación de críticos estima que “difícilmente tendría encaje legal” en el articulado de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley de financiación de partidos “el destinar esas asignaciones a la financiación de un partido, como establece la carta ética y financiera de Ciudadanos”.

Fuentes de Ciudadanos defienden, tras leer la denuncia y mostrar su sorpresa, que “no se denuncia ningún hecho en concreto, no expone ejemplos ni casos prácticos, por lo que no se denuncia nada, porque no existe ningún hecho ilegal. Además, la carta ética y financiera es algo que desde siempre se ha obligado a firmar a los candidatos, no a los grupos parlamentarios. La carta la firman los candidatos, no la firma ningún grupo municipal ni ningún cargo público”.

Y es que la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción hace también hincapié en que “las asignaciones a los distintos grupos municipales y autonómicos del partido son controladas no por los propios grupos, a través de sus miembros, sino por la dirección nacional, siendo éstos quienes deciden el destino y fin de dichas asignaciones. En concreto, figuran como apoderados de las cuentas de ingresosCarlos Cuadrado y José Manuel Villegas, miembros de la Ejecutiva. Son las cuentas donde, según el protocolo de apertura de cuentas bancarias y gestión de grupos de Ciudadanos, se ingresan todas las cantidades en concepto de subvención de dichos grupos -en las de gasto no se pueden hacer ingresos y solo se usan para gestionar los pagos de personal y gastos en general de los dichos grupos-. “Ello supone un claro indicio de que las asignaciones (…) son controladas por la directiva nacional, desconociéndose los traspasos que, desde la de ingresos, se hace a la de gastos con el fin de dar a esa asignación el fin que la legislación determina”.

La Plataforma por las Garantías Ciudadanas, siempre según su denuncia, interpreta que “podría darse la circunstancia” de que se “destinen cantidades” de las cuentas “al pago de los créditos que el partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electoras”. Pide a la Fiscalía que analice estos indicios.

Sobre este punto, desde Ciudadanos explican que “los grupos municipales son los titulares de las cuentas, pero que los servicios centrales del partido tienen acceso a ellas con el fin de supervisar y corroborar que se actúa con transparencia y se cumple con la legalidad vigente, nada más. Para garantizar que se hace de acuerdo con la ley, los servicios centrales tienen acceso para contralarlo. Nunca se ha exigido a ningún grupo municipal ni nunca se ha producido que un grupo municipal contribuya a la financiación del partido”. Además, apuntan, que esta denuncia es fruto del “resentimiento de aquellos que no han cumplido con las normas del partido y buscan por otras vías la notoriedad y atención que no han conseguido”.

Villegas defiende este “mecanismo de vigilancia”

José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, ha defendido que en su partido no hay “ningún traspaso” entre cuentas “que sea financiación ilegal”. Argumenta que su presencia y la de Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas, en todas las cuentas de ingresos de los grupos municipales y autonómicos es un “mecanismo gracias al cual podemos vigilar las cuentas del grupos, vigilar qué se hace con el dinero público que llega a Ciudadanos”.

El número 2 de la formación emergente ha defendido la vigencia de esta fórmula: “No vamos a renunciar a ella, salvo que lo diga el Tribunal de Cuentas. Porque si no paso lo que ocurre en otros partidos, donde están imputados 9 de 10 concejales”, ha dicho en referencia al PP de Valencia. “No hay ningún traspaso ilícito entre cuentas. Y de las cuentas de los grupos municipales no ha salido ni un euro para el partido, son cuentas para sus gastos y necesidades. Los ingresos municipales no pagan créditos de campaña porque no puede ser así. Nunca un duro de un grupo municipal ha pagado un gasto de campaña”.

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