100 organizaciones acusan al Ministro Fernández de promover actos inmorales contra los Derechos Humanos

Según los 115 colectivos firmantes, la condecoración a los guardias civiles, acusados y absueltos por golpear y deportar ilegalmente inmigrantes y refugiados, no sólo excede las atribuciones de un Gobierno en funciones, sino que supone premiar y promover actuaciones ilegales que vulneran gravemente los derechos humanos, sobre las que la ONU acaba de mostrar su grave preocupación, estando además pendientes varios procedimientos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humano

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El pasado 12 de mayo el Ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, condecoró por sorpresa a ocho guardias civiles con la orden del mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco,por “intentar en el marco de la Ley defender la soberanía nacional y luchar contra las mafiasque trafican con la desesperación”.

Los colectivos firmantes consideran que lo que se está premiando es una práctica ilegal e inhumana ampliamente criticada nacional e internacionalmente y cuya adecuación al Convenio Europeo de Derechos Humanos está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en tres demandas admitidas a trámite.

Asimismo y un día después de este hecho -el 13 de mayo-, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en su informe sobre España, ha expresado su “grave preocupación por la práctica de devoluciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad españolas en la demarcación territorial de Ceuta y Melilla”, al tiempo que recomienda revisar la Ley de Seguridad Ciudadana en lo que se refiere al “rechazo en frontera” y garantizar el acceso a procedimientos de asilo y un estudio individualizado del riesgo de devolución (observaciones 17 y 18, CERD/C/ESP/CO/21-23).

La condecoración se otorga, además, por un Gobierno en funciones, sin que concurran las razones de urgencia que justificarían esta actuación, que, consecuentemente, no puede ser considerada sino una extralimitación del Ministro del Interior en el ejercicio de sus atribuciones, quien según la Ley 50/97 ha de “limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

La condecoración se otorga pocos días después del Auto de la Sección núm. 7 de la Audiencia Provincial de Málaga por el que se archiva la causa penal en la que las personas condecoradas han estado imputadas, única circunstancia que distingue estas actuaciones, unas más de las que frecuentemente se vienen produciendo en las fronteras de Ceuta y Melilla. Por ello esta condecoración sólo puede entenderse como una forma de promocionar una política, un modelo de gestión de fronteras que supone un atentado a los derechos humanos y al Estado de Derecho.

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Las entidades firmantes se ven en la obligación de recordar que, a pesar de que haya jueces que no consideren tales prácticas constitutivas de infracción penal, las devoluciones a Marruecos por la vía de hecho y al margen de cualquier procedimiento que garantice los derechos humanos de las personas sobre las que recae, son prácticas radicalmente ilegales. Así lo afirmó la propiaSección núm. 7 de la Audiencia Provincial de Málaga en su Auto de 7 de abril de 2015, por el que se sobreseía la causa penal respecto a Ambrosio Martín Villaseñor, también condecorado: “El ejercicio por las autoridades españolas del control de hecho y su autoridad sobre los inmigrantes en la zona discutida, determina de modo forzoso la resolución del conflicto conforme al ordenamiento jurídico español.

Por consiguiente, el rechazo de forma inmediata de los inmigrantes interceptados en la zona intermedia del vallado, a través de las puertas de la valla más cercana al territorio marroquí, sin observancia de lo estipulado por nuestro ordenamiento jurídico en materia extranjería, constituye una decisión contraria a derecho, en cuanto prescinde absolutamente de los procedimientos legales  previstos, ya sea expulsión, devolución o  denegación de entrada, al tiempo que ignora las garantías que asisten a los extranjeros en caso de expulsión-entendida en sentido amplio-esto es, asistencia letrada y, en su caso, intérprete, así como derecho a un recurso efectivo, y, priva o limita gravemente el derecho a solicitar asilo” (párrafo cuarto del fundamento jurídico quinto).

Dichas prácticas siguen siendo ilegales tras la reciente reforma de la Ley de extranjería, cuya disposición adicional décima exige expresamente que las devoluciones respeten “la normativa internacional de derechos humanos y protección internacional de la que España es parte”. Así lo ha manifestado recientemente la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha trasladado varias recomendaciones advirtiendo al Ministerio del Interior de “la necesidad de dictar una resolución administrativa, con asistencia letrada y de intérprete e indicación de los recursos que se podrán interponer contra ella”; que se debe “dejar constancia escrita en dicho procedimiento de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional y que se ha verificado, mediante un mecanismo adecuado de identificación y derivación, las necesidades de protección internacional, que no es menor de edad o la concurrencia de indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos”.

Por todo ello, no nos limitamos a condenar la actuación del Ministro, sino que exigimos al Gobierno en funciones una explicación pública de las razones de semejante distinción en el marco de un Gobierno de interinidad así como el expreso reconocimiento de la ilegalidad de las devoluciones por la vía de hecho.

Además de su ilegalidad, las actuaciones condecoradas forman parte de una política migratoria profundamente inmoral en cuanto pisotea los derechos de menores de edad, de refugiados, de familias etc. seres humanos a quienes trata cual desechos, olvidando que son nuestros semejantes; una política que coloca en una encrucijada ética y en una gran inseguridad jurídica a la propia Guardia Civil.

Una política basada en el miedo y la violencia, que traiciona los principios humanistas de la Unión Europea y que, más allá de golpes de pecho y declaraciones retóricas, deberían ser puestos en práctica de forma inmediata e inexcusable no sólo en nuestra  Frontera Sur, sino también en el resto de las fronteras de Europa. Una política que nos avergüenza, nos sobrecoge y que tiene que cambiar.

Fuente:   el 18 de mayo de 2016.

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