El Ayuntamiento de Madrid estudia llevar la lucha contra los fondos buitre a la Justicia de EE.UU.

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando la posibilidad de acudir a la regulación americana contra los sobornos y denunciar a Magic Real State y Blackstone. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, quien ha recordado que fueron estos dos fondos  los que adquirieron en su día las viviendas a través de Fidere, y “por lo tanto creemos que cabe una actuación en este sentido”.

Según explica el Consistorio, la ley norteamericana persigue la corrupción en el exterior y tiene alcance extraterritorial en la lucha contra este delito, es decir que persigue la corrupción de las empresas americanas más allá de los límites de su nación. “Esta acción se podría instar por vía penal o vía administrativa lo que en este momento se está estudiando”, añade.

El Ayuntamiento de Madrid pedirá también a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid la “nulidad radical” del proceso de la venta de los 1.860 inmuebles correspondientes a 18 promociones de vivienda pública en alquiler y  arrendamiento con opción a compra de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Fidere Patrimonio Socimi, filial de Blackstone.

Higueras ha confirmado todas las medidas que tomará el Consistorio tras recibir las conclusiones del informe jurídico realizado por el bufete de abogados  Alemany, Escalona & De Fuentes que tras estudiar toda la documentación ha encontrado indicios de delito y ha analizado todos los procesos que se pueden iniciar para revertir la decisión.

Esta petición se basará en las conclusiones del “Informe de fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A. y controles realizados por las instituciones competentes ejercicios 2012 y 2013” de la Cámara de Cuentas que se hizo público en el mes de junio de este año.

El citado informe concluye que la venta se llevó a cabo “sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación, ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar” siendo Fidere el que fijó el precio de la venta y que fue aceptado por la EMVS.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, la venta se realizó por un precio de 128.500.000 euros, una cifra  “inferior al valor contable de aquéllas que es de 159.375.025,53 euros”. Además, no se aplicó la normativa del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, sino que la venta se rigió por al artículo 18 del Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid.

El informe deja claro que la gestión y la administración que se realizó de los inmuebles no fue ajustada a los intereses de la empresa municipal “por el posible quebranto que esa política de ventas puede haber originado al patrimonio de la EMVS y por derivación al del Ayuntamiento de Madrid, de cuyos fines e interesas sociales la EMVS se aparta al enajenar estas viviendas a entidades jurídicas”.

En caso de que la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid decretara la ‘nulidad radical’ esto afectaría a la preparación de la venta de las viviendas y a la adjudicación de las mismas. En ese momento, el Ayuntamiento iniciaría un proceso judicial para que los tribunales declararán nula la contratación y la resolución por la que se vendieron las 18 promociones de vivienda social protegida.

Higueras espera también que el Tribunal de Cuentas, a la vista de las conclusiones de este informe, se decida a iniciar un proceso por responsabilidad contable en el que el Ayuntamiento mostraría toda su colaboración.

Proceso penal

 Higueras comunicó además que el Ayuntamiento se sumará a  la solicitud de  reapertura de la querella tramitada por los afectados de esta venta contra Fermín Oslé, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en la anterior Corporación, como responsable de la venta de viviendas sociales a fondos de inversión. El Consistorio espera que tras la presentación de la querella debidamente documentada el juez pueda sumar posibles responsables de este hecho.

En caso de que no se tramite la reapertura, el Ayuntamiento de Madrid pondrá las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía.

Mañana martes, 13 de junio, la presidenta de la EMVS, Marta Higueras, y el vicepresidente, José Manuel Calvo, presentarán ante el Consejo de Administración de la empresa el informe con las conclusiones del estudio del bufete de abogados Alemany, Escalona & De Fuentes, en las que se basan las acciones que el Ayuntamiento va a poner en marcha.

El próximo miércoles, 14 de septiembre, se celebrará la última sesión de la Comisión Municipal de Investigación sobre este caso en el que se presentarán las conclusiones tras las declaraciones de afectados y parte de los participantes en la venta. Una comisión en la que han participado todos los grupos políticos municipales excepto el PP.

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