Interior Gate: Fernández Díaz gastó un millón y medio de dinero público por un chivatazo falso

Según informa el  periodista Miguel Ángel Aguilar en el diario Ahora Semanal, desde el Ministerio del Interior se pagó un millón y medio de euros a una persona que proporcionó datos sobre supuestas cuentas irregulares de Xavier Trias, a la sazón alcalde de Barcelona y candidato por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) a la reelección en las municipales del 24 de mayo de 2015. El chivatazo tan bien remunerado tenía el interés inminente de invalidar a Trias y seguir con la cadena de ataques lanzadas contra el independentismo catalán y su entorno por parte del Ministro Fernández Díaz, pero, para colmo, la información aportada resultó ser falsa. Un millón y medio de euros de dinero público utilizado, al estilo de aquellos famosos “fondos reservados” con los que se financiaron los GAL, para el acoso y derribo, a como dé lugar, de adversario político.

Antes de que así se revelara, el escándalo prefabricado había sido bombeado sirviéndose de las páginas amigas del diario El Mundo con las firmas de Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro, quienes junto a la editora del rotativo se encuentran demandados en una querella instada por Xavier Trias, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, José Emilio Coronado. La querella se tramita por procedimiento abreviado, después de que la Fiscalía Anticorrupción desmontara la patraña y archivara la denuncia inicial de la Policía al estimar que carecía de indicios que avalaran la existencia de las cuentas en el extranjero atribuidas al querellante.

En el despacho del ministro

El caso prueba que la sombra del PP en Interior es alargada y viene a sumarse a la serie de acciones emprendidas por la que se ha dado en llamar Policía política formada por comandos patrióticos, a la manera del destacado en este caso en Suiza, que han sido utilizados para destruir a los adversarios del ministro. Todo ello combinado con lucrativos negocios facilitados a los amigos de la casa. Pero el asunto subiría de color si se probara que en esta ocasión el comando fue arengado antes de emprender la misión por el ministro Jorge Fernández Díaz en su despacho oficial, donde sus componentes habrían sido también felicitados a su regreso. Aseguran fuentes solventes que existen grabaciones sonoras de esas escenas entre otras muchas bien guardadas de las que apenas han trascendido hasta ahora las conversaciones del titular de Interior con el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, mantenidas entre el 2 y el 16 de noviembre de 2014.

Como sucedió con Amedo y Domínguez, que conservaron rastros de los GAL para garantizarse la inmunidad, ahora otros policías atesoran grabaciones como las mencionadas, que consideran su salvaguardia contra cualquier intento de ser llamados al orden por las irregularidades en que hubieran podido incurrir. El ministro en funciones sabe que cualquier movimiento en falso puede desencadenar efectos fulminantes si llegaran a conocimiento público tanto los pormenores del encargo al comando antes de partir como de la recepción a su vuelta para conocer detalles de la misión cumplida.

Sostiene la vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, que el Gobierno, por estar en funciones, queda fuera del control del Congreso de los Diputados, como si por esa condición en un fantástico salto atrás solo pasara a ser responsable “ante Dios y ante la Historia”, conforme Francisco Franco, caudillo de España, se autoproclamaba en el preámbulo de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958. La negativa del Gobierno en funciones a comparecer ante el Congreso ha generado un recurso que aceptó considerar el Tribunal Constitucional el pasado junio, pero cuya resolución sigue pospuesta hasta mediados de octubre. Mientras, la doctrina SSS ha vuelto a ser  reactivada en estos días para salvar al soldado De Guindos, ministro de Economía y Competitividad y encargado del departamento de Industria, Energía y Turismo, de comparecer en el Pleno del Congreso de los Diputados que debiera celebrarse por acuerdo de la Mesa de la Cámara.

Todo indica que con más motivo, por tratarse de asuntos de mucho mayor calado que se refieren al uso partidista que ha hecho de la Policía para perseguir a sus adversarios políticos, el ministro Jorge Fernández Díaz quedará blindado. De manera que, aunque sigan acumulándose las solicitudes de comparecencia formuladas por los grupos parlamentarios pidiendo que se explique, ese campeón de la lucha anticorrupción que proclama ser el Partido Popular y el Gobierno que respalda mantendrá una cerrada negativa y volverá a retratarse como defensor de la impunidad fuera de control.

Fuente: ahorasemanal.es

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