¿Qué omiten decirnos los defensores del tratado comercial CETA?

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El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) se encuentra ahora en proceso de ser ratificado por Canadá y la Unión Europea (UE). Como en otros acuerdos comerciales de “nueva generación”, el CETA tiene como objetivo liberalizar aún más el comercio, la inversión y otros sectores de la sociedad, hasta ahora protegidos de la competencia del mercado y, por ello, también incidirán en las diferentes regulaciones vinculadas con todos los ámbitos sociales.

Los redactores del CETA destacan sobretodo la perspectiva cuantitativa y monetaria. Los defensores del CETA argumentan que la supresión de las barreras arancelarias y las barreras no comerciales (o burocráticas) producirá un mayor crecimiento del PIB debido al aumento del volumen del comercio y la inversión. Sin embargo, las proyecciones oficiales indican un aumento del PIB de hasta el 0,08% para la Unión Europea y del 0,76% para Canadá, porcentajes no excesivamente elevados.

La Universidad de Tufts (EEUU) ha presentado un estudio, en que se ha utilizado la metodología econométrica de la ONU, en el cual se hace una proyección de las consecuencias del CETA (que difieren, mucho, de la “versión oficial”), y en donde se demuestra como el CETA generará: desempleo, desigualdad, pérdida de bienestar y una reducción del comercio entre los países de la UE, justo en sentido contrario a las promesas que se hacen desde la Comisión Europea. Concretamente, el trabajo de los investigadores de la universidad de Tufs, encuentran que:

El CETA provocará una reducción en la cuota de los ingresos del trabajo. Las presiones competitivas ejercidas por el CETA sobre las empresas y los/las trabajadoras elevará la proporción del ingreso nacional del capital y, por tanto, de una reducción de la proporción correspondiente al trabajo. Entre 2017 y 2023, la participación de los beneficios en la renta total habrá aumentado un 1,76% en Canadá y un 0,66% en la UE, reflejando la disminución de la participación del trabajo en las rentas totales.

El CETA provocará la reducción de los salarios. En el 2023, los trabajadores reducirán el promedio de sus ingresos anuales, la media en los países que formarán el CETA será de -742 € por trabajador, siendo en Canadá  -1.778 € / y en la UE entre -316€ (Reino Unido) y -1.331 € (Francia), dependiendo del país. Los países con una mayor proporción de ingreso laboral y desempleo, como Francia e Italia, experimentarán una compresión más pronunciada en los salarios.

El CETA provocará pérdidas netas en los ingresos del gobierno. Las presiones competitivas ejercidas por los inversores internacionales a los gobiernos, junto con la reducción de las políticas de apoyo a la producción y la inversión, reducirán los ingresos y gastos públicos. Provocando un aumento de los déficits públicos en porcentaje respecto del PIB en cada uno de los países de la UE, sobretodo si se continúa aplicando la actual política de austericidio.

El CETA provocará la pérdida de empleo. Hasta el 2023, alrededor de 230.000 empleos se perderán en los países firmantes del CETA, de los cuales 200.000 corresponderán a la UE, y 80.000 más al resto del mundo.

El CETA provocará pérdidas netas en términos de PIB. Como la inversión y la demanda externa siguen manteniendo ritmos lentos de crecimiento, el déficit de la demanda agregada estará alimentado por el aumento del desempleo, que a su vez perjudicará la productividad y causará pérdidas de bienestar acumuladas en el ingreso nacional, por valor de 0,96% en Canadá y del 0,49% en la UE. Las reducciones serán menores, por ejemplo, en el Reino Unido (-0.23%) y en Alemania (-0.37%) y serán mayores en Francia (-0,65%) y en Italia (-0.78%).

Visto lo visto, el CETA dará lugar no sólo a las pérdidas económicas, sino también al aumento del desempleo y la desigualdad, con consecuencias negativas para la cohesión social en un contexto político, ya de por sí complejo y volátil.

En este tipo de situación, los responsables políticos deberían estimular la demanda interna, y esto sólo se puede hacer apoyando y protegiendo los ingresos del trabajo y, a la vez, se deben buscar formas de iniciar una transición socio-ecológica, que resulta imprescindible y muy necesaria en el momento actual.

Fuente: Joan Pere Enciso i Rodríguez – nuevatribuna.es

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