Y por último, los toros

Miguel Fernández de la Peña. Politólogo.

Los toros parecen ser el último de los caballos de batalla entre el Estado central y la Generalitat de Catalunya. Y decimos “toros” cuando debiéramos decir “tauromaquia”, ya que en realidad el pobre animal que sufre la terrible vejación no es el foco de la controversia, sino que en realidad es tan solo la víctima de lo que algunos se atreven a considerar cultura. En cualquier caso, no corresponde en este momento llevar a cabo una detallada exposición en torno a por qué, a mi juicio, debería abolirse la tauromaquia en toda España. Nos centraremos, en cambio, en la repercusión estrictamente política que se ha producido como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la prohibición de los toros en Cataluña.

Hace algo más de dos semanas publicábamos en El Desperttador un artículo en torno a las posibles consecuencias políticas de que se llevara a cabo la inhabilitación de Artur Mas, el cual finalizaba con la siguiente idea: “Para ello primero deberán darse cuenta de que el Tribunal Constitucional ha perdido toda legitimación popular en Cataluña, de modo que incumplir sus sentencias a partir de este momento no representará un peligro, sino que más bien será un mérito curricular para los políticos catalanes.” Poco ha tardado el Tribunal Constitucional en aparecer de nuevo en la escena política del país para confirmar esta idea. En este caso la actuación del Tribunal Constitucional resulta especialmente nefasta por diversas razones. En primer lugar, debemos tener en cuenta la sensación cada vez más generalizada de que dicho tribunal parece solo dedicarse a las cuestiones que afectan a Cataluña. Por el contrario parece no estar dispuesto a resolver cuestiones de mayor relevancia como puede ser, tal y como señalaba el portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, el conflicto de atribuciones que le planteó ente el Congreso y el Gobierno en funciones por la negativa de este último a someterse al control parlamentario. En segundo lugar, la sentencia supone una nueva traba para el ejercicio legislador del Parlament de Catalunya, lo cual resulta sorprendente si tenemos en cuenta que en teoría la competencia en dicha materia le corresponde a las Comunidades Autónomas. En tercer lugar, la sentencia no tiene en cuenta que se trata de una prohibición que ya se estableció en Canarias en 1991, sin que esto supusiese la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Por último, parece ser ajena al sentimiento antitaurino que se lleva fraguando desde hace unos años en la sociedad catalana, el cual puede comprobarse atendiendo a que la prohibición del Parlament surgiera de una iniciativa legislativa popular por parte de la plataforma Prou! o al hecho de que Barcelona, tal y como ha señalado la alcaldesa Ada Colau, puede considerarse como una ciudad antitaurina. A este respecto cabe recordar que en abril de 2004 el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una declaración institucional para declararse contraria a las corridas de toros y en favor de los derechos de los animales, apostando por el respeto a no ocasionar sufrimiento innecesario a los animales.

Una vez más resulta muy complicado no atribuir este fallo del Constitucional a razones puramente políticas e identitarias. No cabe duda de que la opinión pública catalana entenderá la sentencia como un nuevo golpe del PP a la autonomía catalana, y reforzará el sentimiento de rechazo hacia las instituciones del Estado Español, abogando una vez más por salir de la estrechez de una legislación española impuesta al pueblo catalán. No cabe otra forma de comprender lo acontecido teniendo en cuenta la pronta celebración de la sentencia por parte de los populares catalanes, como es el caso de su coordinador general, Xavier García Albiol, ¡incluso aceptando que a él no le gustan las corridas! ¿Qué celebra entonces? Quizás que Cataluña está hoy un poquito más unida a España que ayer. Habría que recordarle que no está en su mano, ni en la de su partido, ni en la de tribunal alguno la paralización del proceso independentista, de tal modo que hasta que no se produzca una negociación entre las dos administraciones, sentencias como esta última solo conseguirán avivar el fuego de la discordia.

  1. Creo importante recordar que estas decisiones tomadas desde el Constitucional son para (o contra, según mi punto de vista) todos los catalanes. Es decir, para los indepententistas, para los dudosos (cada vez menos) y para los que se sienten españoles. Éstos últimos no tienen el deseado pensamiento único de Albiol o de Fernández Díaz, y por ello, cada día hay más que no les importaría ser españoles en el extrangero. ¿O es que alguien se cree que los únicos antitaurinos catalanes son indepes?.
    Curioso patriota el que fomenta el independentismo para afianzar su mayoría en el resto. No es nuevo pero siempre ha acabado igual, con un país cada vez más pequeño.

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