Nuevos recortes a la Ley contra la Violencia Machista

El mismo día en que Mariano Rajoy se convertía en Presidente del Gobierno, el pacto de Estado contra la violencia machista se tambaleaba, a pesar de que la sesión de investidura comenzaba con un minuto de silencio en recuerdo de las 36 mujeres asesinadas en lo que va de año, según las estadísticas.

Según Bárbara Tardón, consultora internacional experta en violencia de género, “la carga simbólica es importante, pero no podemos quedarnos ahí porque detrás debe haber una respuesta real. Debemos considerar el tema como una prioridad y elevarlo a una cuestión de Estado” añade. Y es que todo apunta que en esta legislatura se debería aprobar un pacto de Estado contra la violencia de género, ya que era una de las exigencias del Partido Socialista para su abstención y que también llevaban en el anterior pacto de legislatura fallida con Ciudadanos.

De momento habrá que esperar lo que propone cada formación o las concesiones que hace cada una, aunque en una votación que se celebró el pasado septiembre en el Senado, se aprobó una moción en la que se veía la necesidad  de alcanzar un pacto, aunque el Partido Popular rechazó todas las enmiendas en contra que proponían el PSOE, Podemos o Ciudadanos como modificar el nombre por violencia machista (en vez de violencia de género), crear un foro anual para mejorar la coordinación territorial, transferir recursos a las comunidades, crear una Unidad de Coordinación en cada autonomía y reponer las partidas presupuestarias.

Esta última enmienda es muy importante ya que serviría para levantar la cifra de inversión en prevención contra la violencia machista que se ha ido arrastrando desde 2010. El dinero destinado por el Gobierno a esta materia, ha pasado en tan solo seis años de los 34,3 millones a los 25,2 millones que se destinan en los presupuestos para este año. Aunque fijó un incremento del 6% respecto a 2015, la caída ha alcanzado el 26% menos de presupuesto.

Lo mismo sucede para el programa de oportunidades entre hombres y mujeres. Los recursos han disminuido de los 50 millones que se destinaban en 2006 a los 19 millones de este año, “lo que provocado que se hayan precarizado las condiciones laborales de las trabajadoras“, comenta Tardón.

A pesar de haber avances importantes como la entrada en vigor de la Ley de la Infancia y Adolescencia en agosto de 2015, en la que se reconoce a los menores expuestos a violencia machista como víctimas directas, Tardón cuenta que “no hay ningún protocolo que puedan seguir los equipos profesionales a la hora de tratar a los menores; tenemos casos de puntos de encuentro familiar en los que se expone al niño o a la niña a padres agresores, en vez de protegerle“.

Sin embargo no todas las mujeres tienen acceso a los medios destinados para combatir esta lacra, las inmigrantes que no disponen de residencia legal en España y a las que se restringió el acceso a la salud por el decreto 16/2012, es un sector completamente desprotegido. Esta normativa les retiró las tarjetas sanitarias, de modo que no tienen acceso a la atención primaria, excepto los/as menores, embarazadas y urgencias. “Hay mujeres que no son atendidas a pesar de que sabemos que la atención primaria es muchas veces la puerta de entrada al sistema y un filtro de detección de la violencia. Estas mujeres precisan de un seguimiento médico y psicológico“, matiza Tardón

En septiembre de 2015 el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, presentó como logro de esa legislatura el llamado Convenio de Estambul en el balance que hizo con el Congreso sobre los 10 años  de la Ley de Violencia de Género, pero a pesar de que el Gobierno lo ratificó en 2014, éste no ha sido aplicado todavía. Según denuncia Tardón “no ha habido una difusión real del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer, el Gobierno ni lo nombra“. Entre las medidas de obligado complimiento que contempla incluye la ampliación de la Ley de Violencia de género  a otras formas  de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo como violencia sexual, mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso.

Elia García Domingo

Deja un comentario