Avances o retrocesos en la lucha contra las violencias machistas

1023_163x163Clara Serra. Responsable estatal de Igualdad en Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid

En agosto del 2014 entró en vigor internacionalmente el Convenio de Estambul, la primera legislación a nivel europeo vinculante en materia de violencia machista y el tratado internacional de mayor alcance al respecto. Un tratado que señala claramente que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos, con lo que los países tienen la responsabilidad de enfrentarla.

En junio de 2015 Naciones Unidas (mediante la CEDAW) mostraba su preocupación ante los recortes en las políticas de igualdad y contra la violencia de género en España. Unos recortes derivados del cambio del artículo 135 de la Constitución y de las políticas de austeridad, que supusieron la reducción drástica de los presupuestos generales de Estado destinados a igualdad y violencia y que aceleraron efectos dramáticos que ya se venían denunciando previamente. Al mismo tiempo la CEDAW instaba a que en España se cumplieran de manera uniforme, tanto a nivel estatal como en todas las Comunidades Autónomas, los compromisos internacionales adquiridos, fundamentalmente el Convenio de Estambul.

Pocos meses después, el 7N, decenas de miles de personas recorrían las calles de Madrid en una manifestación histórica contra las violencias machistas, una movilización que señalaba, sin género de dudas, que la respuesta contra la violencia machista es una cuestión de Estado y que había que poner nuestras leyes a la altura de las demandas del movimiento feminista para poder visibilizar todas las formas de violencias –en plural- contra las mujeres.

La última Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2015 incorporó por primera vez datos relativos a la violencia sufrida fuera del ámbito de la pareja o expareja. Según este informe, el 11,6% de las mujeres ha sufrido violencia física y el 7,2% ha sufrido violencia sexual fuera de la pareja. Estos datos son graves por sí mismos, pero lo son aún más si tenemos en cuenta otros dos elementos. El primero es que se trata de un porcentaje similar al de mujeres que han sufrido violencia física (11,3%) o sexual (8,1%). El segundo es el más preocupante: la Macroencuesta pone sobre la mesa la dimensión de un problema que no tiene correlato en la legislación española. La Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004 y muchas legislaciones autonómicas limitan la violencia machista a aquella que se ejerce en la esfera de la pareja o expareja. Pensando sólo en el acoso sexual laboral ya tendríamos un marco legislativo que no considera como violencia machista prácticas de violencia contra las mujeres que se ejercen contra ellas, por ser mujeres, en un porcentaje igual a aquellas que sí están recogidas en la ley. Pero, desgraciadamente, este no es el único ejemplo de una legislación que no está a la altura de los problemas existentes. Cuando el concepto de violencia de género se circunscribe al ámbito de la pareja o expareja dejamos de identificar formas de violencia machista como es la mutilación genital, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos o los asesinados por razón de género, eso que en varios países de América Latina ha sido tipificado como “feminicidio”. Cuando nuestras leyes solamente comprenden como asesinatos machistas aquellos que se sufren por parte de compañeros sentimentales ocurre que las estadísticas anuales con las que contabilizamos los asesinatos machistas dejan olvidadas, por ejemplo, a prostitutas asesinadas por clientes o a víctimas de crímenes sexuales no cometidos por la pareja.

La ampliación de nuestros marcos jurídicos es necesaria en todos los niveles, y por eso Podemos ha impulsado en la mayoría de los parlamentos regionales la reforma de nuestras leyes. En la Comunidad de Madrid, tras aprobarse en pleno la iniciativa de modificación, se constituyó el día 7 de noviembre la ponencia que empezará en breve a trabajar. Hasta el día de hoy, 25 de noviembre, todos los grupos parlamentarios han podido presentar enmiendas al texto original y Podemos, recogiendo las demandas de las asociaciones y colectivos del movimiento feminista de Madrid, solicitará mejorar la ley en varias de las líneasque viene planteando desde su comienzo.

Además de la inclusión de todas las formas de violencias machistas recogidas en el Convenio de Estambul y la apuesta por la tipificación de los feminicidios o asesinatos por razón de género como una forma de violencia machista más allá del ámbito de la pareja, creemos que es urgente modificar la perspectiva que nuestras leyes han tenido hasta hoy sobre la necesidad de la denuncia. Los poderes públicos y las instituciones tienen el deber de garantizar los derechos de las mujeres con independencia de las acciones de éstas y en ningún caso está justificada la actual situación por la cual toda ayuda que se le ofrece a las mujeres víctimas está condicionada a la presentación de una denuncia judicial. Esto nos lleva a la necesidad de cambiar los requisitos para el acceso a las ayudas y recursos y a dotar a los y las profesionales de los servicios sociales o servicios sanitarios, entre otros, de la capacidad de acreditar la condición de mujer víctima de violencia machista para el acceso a recursos como la vivienda pública.

Por último, es necesario recordar que si algo ha obstaculizado la eficacia de las leyes y la protección real de los derechos de las mujeres han sido las políticas de austeridad y los recortes presupuestarios que se han sucedido desde la reforma constitucional llevada a cabo por el Partido Popular y el Partido Socialista. Reforma que supuso, a partir de 2012, la disminución drástica de los recursos para combatir esta violencia y que ha dejado sin llevar a la práctica algunas de las obligaciones marcadas por la ley.

Desde las instituciones trabajaremos para mejorar nuestras herramientas legales y adaptarlas a las realidades que las mujeres viven día a día pero, a la vez, tanto desde las instituciones como desde las calles y el movimiento feminista, tenemos que decir muy claro que la defensa de la igualdad es inseparable de la apuesta por otra política económica a la de la austeridad para los de abajo. Si no cambiamos al gobierno, ese que ha sido investido gracias al partido socialista y que seguirá aplicando las políticas de recortes, seguirán haciéndose políticas contra las mujeres. Los recortes matan y la lucha contra las violencias machistas exige, en primer lugar, un compromiso de blindaje presupuestario que no haga de nuestras leyes y nuestros derechos un papel mojado.

Fuente: infolibre.es

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