El Congreso insta hoy al Gobierno a que derogue la ‘ley mordaza’

El pleno también votará una moción de UP que exige medidas contra la pobreza energética

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El pleno del Congreso instará hoy al Gobierno a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza, aprobada por la mayoría del PP en solitario la legislatura pasada para implantar un régimen sancionador contra las manifestaciones ciudadanas y protestas sindicales, al margen del control judicial inmediato. Según el autor de la moción y portavoz del PSOE en la Comisión de Interior, Antonio Trevín, se trata de poner fin a la norma elaborada por el ya exministro Jorge Fernández Díaz con el objetivo de volver a los tiempos de “la calle es mía” y de erradicar cualquier atisbo de protesta social, estableciendo como infracciones conductas relacionadas con derechos civiles y políticos.

Como ocurrió con la ley Wert, la oposición se comprometió a derogar los aspectos más lacerantes de la ley mordaza en cuanto el PP perdiera la mayoría absoluta. Los socialistas recurrieron varios preceptos al Tribunal Constitucional. Pero el PP demostró su entusiasmo sancionador desde que llegó al poder. Cristina Cifuentes, como delegada del Gobierno en Madrid, multiplicó por nueve en 2012 las sanciones por participar en manifestaciones respecto al año anterior, en que se produjo la protesta más larga y extensa de las últimas décadas: el movimiento del 15M. Según Trevín, “nunca antes en democracia se aplicó con mano tan dura la legislación al discrepante”.

Doscientos sesenta representantes sindicales afrontaron en estos años sanciones administrativas graves o sentencias con importantes penas de prisión. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), absolutamente alarmada por las sanciones por actos de huelga, dijo en una de sus resoluciones: “De los ochenta y cinco procedimientos abiertos en España en 2014, ninguno de ellos correspondió a actos de violencia”. Con la entrada en vigor de la ley mordaza, las multas gubernativas a las organizaciones sindicales y a los movimientos sociales y políticos pueden llegar hasta 600.000 euros cuando las autoridades consideren que han atentado gravemente contra la seguridad.

Con la entrada en vigor de la ley mordaza y la desaparición de las faltas del Código Penal, que han pasado a ser sancionadas por el Gobierno directamente, los jueces archivaron más de tres millones de causas abiertas, pero no ocurrió así con los más de 1.600 procedimientos sancionadores abiertos por el Ministerio del Interior a partir de las notas policiales por supuestas faltas contra la seguridad ciudadana. El catálogo intimidatorio –desde multas de 600 euros por no tratar con el “debido respeto a la policía” hasta 30.000 por protestar exhibiendo la anatomía, como en el caso de Femen- es tan extenso y desproporcionado que, según Trevín, no hay duda de que “al PP le cuesta aceptar la discrepancia política o el contrapeso judicial, y cree que la seguridad es cosecha del miedo”. Los socialistas cuentan con el apoyo de UP y de los nacionalistas para aprobar la moción.

El pleno también votará la moción planteada por UP exigiendo medidas contra la pobreza energética que afecta a cinco millones de familias. No es la primera vez que el asunto llega al pleno. En 2013, la mayoría absoluta del PP rechazó una iniciativa de IU en la que intervino el socialista Pedro Sánchez, entonces diputado raso, pidiendo al Gobierno sensibilidad y un “suelo social”. Por el PP, contestó uno de los diputados más adinerados del Congreso. Fue un escándalo. Ahora el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha mostrado dispuesto a arbitrar un sistema de ayuda a las personas en situación de pobreza después de que el Tribunal Supremo haya tumbado el “bono social” que permitía una reducción del 25% de la tarifa. Pero Pablo Iglesias reclamó en la interpelación de la semana pasada cinco medidas concretas, sin descartar la aplicación del artículo 127 que permite la intervención estatal del sector. Son las siguientes: prohibición de los cortes de suministros básicos por pobreza energética, y que los servicios sociales de los ayuntamientos puedan tener el control y la evaluación de a quién le cortan la luz o la calefacción sencillamente porque es pobre; recuperación de los 3.500 millones de euros pagados por los ciudadanos por la transición a la competencia de las eléctricas; prohibición de las puertas giratorias de los políticos y altos cargos; auditoría de los costes energéticos para acabar con los abusos tarifarios, y, en quinto lugar, cumpliendo la Directiva 72/2009 sobre derechos humanos en materia económica, social y cultural.

Fuente: cuartopoder.es

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