Que el secreto no sea sinónimo de impunidad

juanma_del_olmoJuanma del Olmo


“Hablo por hablar asuntos,

que los años olvidaron”

Marcos Ana

 

La modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales para limitar temporalmente el secreto a 25 años (10 en el caso de materias reservadas), prorrogables por 10 más, es una exigencia ética que dimana de una parte del principio de transparencia de las instituciones democráticas y del otro de la necesidad de la recuperación de la memoria histórica. Lo inaudito es que los dos partidos que han dominado la política de este país durante 40 años no hayan tenido el más mínimo interés en cambiar la Ley vigente, herencia de un régimen fascista, que deja la desclasificación de los secretos a la discrecionalidad sin límite temporal del órgano que hizo la declaración. Esta es, sin duda, una cuestión pendiente de la democratización de nuestro país, para poder pasar página definitivamente y equipararnos con los estándares democráticos en esta materia.

El paradigma democrático exige confianza en el pueblo por parte de sus representantes. Y la Ley de secretos oficiales es exactamente lo contrario: es la mejor expresión de un régimen asustado de su propio pueblo y de lo que el futuro les puede deparar si se conocen sus acciones pasadas. Ese es el síntoma más evidente de que no se sienten seguros de haber actuado por el interés de nuestro país.

Decía Elías Canetti: “Buena parte del prestigio del que gozan las dictaduras se debe a que se les concede la fuerza concentrada del secreto, que en las democracias se reparte y se diluye entre muchos”. Y es que el secreto -la ausencia absoluta de transparencia- puede suponer una verdadera amenaza para la democracia. Por ello, el control del Gobierno, que es una de las tareas propias de toda oposición democrática, requiere que las materias reservadas no se conviertan en una prerrogativa del Ejecutivo para la impunidad. Es decir, que las materias calificadas secretas, tengan una vigencia más limitada, y por tanto que nadie que vulnere las libertades civiles de nuestro pueblo se pueda sentir biológicamente inmune ante las instancias judiciales.

 Acceder a la información anterior a 1931 no plantea problemas, la gran mayoría está abierta, disponible y consultable. Entre los años 1931 y 1981 es donde empiezan los problemas. Archivos como el de Simancas o el del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa o el Archivo General Militar de Madrid continúan acumulando miles de documentos vetados a la investigación historiográfica y, lo que es más grave, ocultando información al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. No podemos olvidar que en esos archivos vive la memoria de muchos de nuestros compatriotas, una memoria que merece respeto y justicia.

No estamos ante un tema de conservación, ni historiográfico, sino político, de cómo entendemos la democracia: lo simbólico es central para la construcción de la memoria popular, y lo es tanto en el plano social como en su dimensión política. Algunos de nuestros Ministros, diputados y “hombres de partido”, parecen creer que en los archivos hay ciertas cosas guardadas que es mejor no conocer. Nunca se debe temer al conocimiento de nuestra propia Historia. Sabremos aprender a vivir con nuestro pasado, somos una sociedad democrática asentada en un pueblo fuerte y que no tiene miedo de conocer nuestra propia historia.

La memoria siempre es colectiva. Nuestra Historia es nuestra memoria, y es patrimonio cultural de las gentes de nuestro país. Nadie tiene derecho a usurpar el papel de los verdaderos protagonistas de la Historia y decidir lo que el pueblo debe o puede conocer. Nuestro pueblo recuerda y tiene derecho a que se reconozca la memoria colectiva de quienes han sido víctimas secretas, silenciadas, ignoradas y olvidadas por las instituciones democráticas de su propio país.

Las cosas están cambiando, más despacio de lo que a algunos nos gustaría y mucho más deprisa de lo que algunos pueden asumir. Y con esos vientos de cambio llegan preguntas incómodas que ahora estarán obligados a responder: ¿Cuáles son las razones de seguridad nacional por las que el Gobierno no hace públicos los documentos clasificados como secretos oficiales previos a 1968? ¿Qué decisiones se tomaron el 23F? ¿Nos salvó el rey de un golpe que el mismo había puesto en marcha? ¿Qué conocimiento tenía Felipe González de la Operación Armada? ¿Algún servicio secreto extranjero conocía los planes de atentar contra Carrero Blanco?

Que aún hoy, la recuperación de la memoria democrática, de las víctimas del genocidio de la dictadura del General Franco encuentre impunidad entre determinados representantes políticos, democráticamente elegidos, resulta obsceno y repugnante. La desmemoria de un pueblo condena a éste a vivir de espaldas a la verdad. No podremos realmente ser un país democrático y un pueblo libre hasta que las palabras “Verdad, Justicia y Reparación” de las víctimas de la dictadura no conciten un abrumador consenso.

*Juanma del Olmo es diputado en el Congreso. Secretario General adjunto del Grupo Parlamentario de Podemos.


Fuente: blogs.publico.es

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